A pocos meses de las elecciones presidenciales, la campaña de Iván Cepeda se ve sometida a una nueva lluvia de críticas internas y externas, la más reciente de cuenta del silencio que mantiene frente a la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud.
El exalcalde de Medellín, hoy imputado por presunta corrupción en su periodo de gestión, fue nombrado al máximo organismo de control del sistema de salud justo en medio de una de las peores crisis sanitarias en la memoria reciente del país.
Mientras candidatos de distintos sectores, como Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López, se han pronunciando con dureza sobre el nombramiento, Cepeda se ha mantenido en un incómodo mutismo, lo que ha abierto un flanco de debate ético sobre su candidatura.
La campaña está montada sobre una contradicción absoluta: propone una revolución ética, pero guarda silencio sobre la corrupción más flagantre del gobierno actual porque necesita su apoyo para tener alguna posibilidad electoral. La postura es deshonesta.https://t.co/NruX9pcJ4R
— Alejandro Gaviria (@agaviriau) April 17, 2026
En un reciente trino, el exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, resumió la controversia en una frase lapidaria: “La campaña está montada sobre una contradicción absoluta: propone una revolución ética, pero guarda silencio sobre la corrupción más flagrante del gobierno actual porque necesita su apoyo para tener alguna posibilidad electoral. La postura es deshonesta”.
Gaviria criticó que Cepeda, defensor de una agenda de transparencia y justicia, no se haya sumado al coro de voces que cuestionan que alguien con 43 funcionarios de su alcaldía imputados asuma un cargo clave en un sector que hoy enfrenta intervenciones, quebrantos y muertes demoradas por falta de acceso a medicamentos y servicios. Para el exministro, el silencio no solo es práctico, sino un síntoma de una tensión entre el discurso anticorrupción y la conveniencia política.
El contraste con las posturas de otros candidatos es evidente. Paloma Valencia ha calificado el nombramiento de Quintero como “un insulto a los colombianos”, mientras que Sergio Fajardo y Claudia López han insistido en la necesidad de blindar la salud pública frente a figuras con procesos judiciales abiertos.
Abelardo de la Espriella, por su parte, ha reforzado la idea de que el aval político a un imputado de esa magnitud socava cualquier promesa de cambio ético.