El sistema judicial de Colombia es lento, está congestionado y los ciudadanos no encuentran respuestas a sus exigencias. Sin embargo, lo que pocos ciudadanos conocen es que las diferencias entre particulares pueden resolverse de manera gratuita y sin necesidad de ocupar el aparato judicial del Estado.
Para eso están los Centros de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación, donde los ciudadanos pueden llegar, incluso con las contrapartes, para resolver los problemas sin necesidad de pagar un abogado.
En los seis centros de conciliación Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla se alcanzaron 1.161 acuerdos entre las partes en lo corrido de 2026, es el balance que presenta la Procuraduría sobre este tipo de alternativas no judiciales.
“Los seis centros registraron 26.507 atenciones a personas, 12.427 solicitudes relacionadas con conciliaciones y otros trámites, y 7.290 audiencias celebradas, de las cuales 1.161 finalizaron con acuerdos entre las partes”, informaron desde la Procuraduría.
Agregaron que: “Bogotá reportó 499 audiencias con acuerdos; Medellín, 203; Barranquilla, 151; Bucaramanga, 129; Cali, 107, y Villavicencio, 72. La información de cinco centros corresponde a enero a septiembre del presente año, mientras que la de Barranquilla hasta el mes de mayo”.
De acuerdo con los reportes de gestión de los seis Centros de Conciliación de la @PGN_COL ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla se alcanzaron 1.161 acuerdos entre las partes en lo corrido de 2026.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 19, 2026
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El Ministerio Público ofrece alternativas gratuitas para resolver conflictos civiles y comerciales sin necesidad de acudir, en todos los casos, a un proceso judicial. A través de estos espacios de diálogo y concertación los ciudadanos pueden buscar soluciones concertadas a diferencias relacionadas con obligaciones económicas, incumplimientos contractuales, indemnizaciones y otras controversias susceptibles de conciliación.
“Los servicios están dirigidos especialmente a personas de estratos 1 y 2 y sujetos de especial protección constitucional, siempre que acrediten las condiciones establecidas en el reglamento.
También pueden acceder otras personas naturales cuyas pretensiones no superen los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos 262 millones de pesos aproximadamente, así como determinadas personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos”, explicaron desde la Procuraduría.
Los centros también ofrecen procedimientos de insolvencia para personas naturales no comerciantes que atraviesan dificultades económicas y cumplen los requisitos legales, con el fin de facilitar la negociación de sus deudas con los acreedores.
Asimismo, prestan servicios relacionados con acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, contemplados en la Ley 1996 de 2019, para contribuir al ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad.