Para 1997, Colombia firmó el tratado de Ottawa y le dio a la ciudadanía, desde 2001, cuando entró en vigencia, una nueva luz de esperanza frente a la lucha contra la producción, utilización, transferencia y almacenamiento de las minas antipersona, imponiendo hasta 20 años de pena por el incumplimiento en cualquiera de los casos anteriormente mencionados.

De hecho, según el coronel Correa González, John Freddy, comandante de la brigada de destinado humanitario, hasta el momento, con la firma de la convención, se han logrado declarar, de forma paulatina, alrededor de 300 municipios libres del flagelo de las minas antipersonales.

“La capacidad nacional o el Estado colombiano también cuenta con organizaciones civiles que se unen a esta labor para poder declarar a fecha de 2025, como fue el acuerdo en la última prórroga ante la Convención, como libre de sospecha de contaminación de minas antipersonales”, agregó Correa frente a la situación.

Cabe resaltar que Colombia fue de los países más afectados por dicha situación, que dejó al menos 12.000 víctimas, en que gran parte de estas formaban parte de la fuerza pública, y aproximadamente 1.200 niños afectados, dejando al país como el segundo más afectado después de Afganistán por este tipo de minas.

“Hemos podido avanzar, de la mano de la comunidad y gracias al Ejército Nacional, avanzar en la declaración de cerca de 300 municipios libres del flagelo de las minas. Aparte de eso, hemos evidenciado cómo los campesinos vuelven a retomar el debido uso del suelo y volver a ver surgir la economía agrícola donde era difícil el ingreso”, finalizó explicando el comandante de la brigada.

2022-11-30

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