Ya son varias las reuniones que ha sostenido el Gobierno nacional a través de los ministerios de Hacienda y de Agricultura, con la Federación de Cafeteros, entidad liderada por Germán Bahamón, para analizar la continuidad o no del contrato de administración del Fondo Nacional del Café, tarea que ha adelantado desde 1940.
En los últimos días se temió que el camino que estaría siguiendo el Gobierno sería el de no abordar el asunto para dejar que se marchite dicho contrato, en el entendido en el cual no ha faltado la fricción entre el presidente Gustavo Petro y el gremio de los caficultores.
El mencionado contrato vence el 7 de julio de este año y, de no abordarse el tema para formalizar la renovación del mismo, quedarían en riesgo las contribuciones parafiscales que hacen más de 557.000 familias caficultoras y que son la palanca financiera para que el sector tenga servicios esenciales: garantía de compra, investigación para desarrollar los cultivos con mayor eficiencia, entre otros.
Pues bien, una vez encendidas las alarmas, empezaron a adelantarse reuniones bilaterales. Hasta el momento, según confirmó Bahamón, se tiene prevista una nueva, que tendrá lugar el jueves 18 de junio de 2026.
¿Para qué es el fondo?
El Fondo Nacional del Café lo que ha buscado desde su creación es “maximizar el ingreso de los productores y contribuir a una caficultura eficiente, sostenible y competitiva a nivel mundial”, según expresa la misma Federación en su misión.
Implica que adelanta programas de apoyo técnico, comercialización, promoción, investigación y desarrollo para el beneficio colectivo de los caficultores colombianos.
Sus recursos los obtiene de la contribución que hacen los caficultores por cada libra de café exportado, y el monto del aporte depende de si es café verde, tostado, soluble o extracto de café.
Por tratarse de una cuenta parafiscal el Estado tiene una participación activa en las decisiones.
Según información de la misma Federación, en su página web, el presupuesto previsto para 2026 implica ingresos corrientes por 8,7 billones de pesos, con unos egresos similares que, sin embargo, no impiden la generación de un superávit de 10,7 mil millones de pesos.