Procuraduría pidió a la JEP mantener la negativa a la suspensión de la extradición de Otoniel

Mientras continúa el trámite del estudio de la petición de extradición presentada contra Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, la Procuraduría General le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejar en firme el fallo emitido hace dos semanas, con el que rechazó la medida cautelar que buscaba suspender provisionalmente el caso.

En un documento firmado por el procurador delegado Jairo Aristizábal, se pide que no sean tenidas en cuenta las peticiones de la defensa del exjefe del Clan del Golfo, quien pide que Otoniel siga declarando en diferentes macrocasos relacionados con el conflicto armando interno en Colombia.

“(...) Úsuga David, no ostenta las calidades que la normatividad exige, luego entonces no se podrían amparar sus derechos fundamentales requeridos mediante la medida cautelar al no hacer parte del sistema de justicia transicional”, precisa uno de los apartes del concepto enviado por el delegado del Ministerio Público citando el hecho que el sometimiento de Otoniel no fue aceptado.

Reseña, además, que no existe una argumentación sobre las afectaciones que podría generar una eventual extradición de Otoniel a los Estados Unidos, para las víctimas del conflicto armado. Esto al considerar que su testimonio puede seguir siendo recibido aprovechando las ayudas tecnológicas.

En otro de los apartes del concepto se advierte que existe un prejuzgamiento por parte del Estado y la Corte Suprema de Justicia en el estudio del caso. Para la Procuraduría, esta no es la instancia ni el escenario para hacer estas advertencias.

“Desde la captura del señor Úsuga David, el mandatario (en referencia a Iván Duque) anunció públicamente la intención del gobierno colombiano era extraditar a alias Otoniel, así estas manifestaciones han venido vulnerando diferentes garantías nodales al debido proceso del poderdante y a los distintos derechos fundamentales de las víctimas”, precisa.

Otoniel es requerido por una Corte de los Estados Unidos por delitos relacionados por el tráfico de armas, narcotráfico y homicidio agravado.