“Señores del Pacto Histórico, con todo respeto, dejen de emborracharse”: representante Christian Garcés

El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, cuestionó a los congresistas del Pacto Histórico luego de que anunciaran que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las investigaciones que adelanta la Procuraduría en su contra.

“Señores del Pacto Histórico, con todo respeto, dejen de emborracharse, dejen de insultar policías y dar mal ejemplo y así seguro no los van a investigar ni sancionar”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

La crítica del congresista del uribismo surgió luego de que los parlamentarios del petrismo aseguraran que acudirán a instancias internacionales para contrarrestar las investigaciones en su contra por parte de la Procuraduría.

Una de las decisiones recientes del Ministerio Público fue en contra del senador Álex Flórez por la polémica que causó en Cartagena en la que estaba en alto estado de alicoramiento y acompañado, al parecer, de una dama de compañía. El problema de fondo fue que insultó a varios policías y por eso terminó sancionado por la Procuraduría.

La senadora Clara López, del Pacto Histórico, afirmó que supuestamente la procuradora Margarita Cabello buscaría afectar la bancada del primer gobierno alternativo de los últimos años en Colombia.

“La bancada ha tomado la decisión de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se decreten medidas cautelares con el fin de proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió”, anunció López.

Otros de la bancada contra los que la Procuraduría adelanta investigaciones del Pacto Histórico son Wilson Arias, María José Pizarro, Alexánder López -quien se convertiría en presidente del Senado el próximo martes 6 de junio-, y Susana Boreal.

En el comunicado del Pacto Histórico también se lee que “la evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencian en que en forma obstinada se arroga por sí y ante sí competencias para desvincular a funcionarios de elección popular, a pesar de los precedentes de la CIDH”.