En Colombia existen varios gremios debido a la diversidad de sectores económicos que impulsan el desarrollo del país. Cada industria, como la agricultura, el comercio, la construcción y la minería, cuenta con asociaciones que representan sus intereses y buscan mejorar las condiciones para sus afiliados.
Estos gremios permiten que empresarios y trabajadores tengan una voz colectiva para negociar con el gobierno, proponer políticas públicas y promover el crecimiento de sus sectores.
Es importante tener en cuenta que este tipo de asociaciones gremiales son fundamentales porque fortalecen la economía y garantizan la estabilidad en diferentes industrias. Además, fomentan la capacitación, el acceso a oportunidades de negocio y la regulación del mercado para evitar abusos o prácticas desleales. También facilitan el diálogo entre el sector privado y el público, asegurando que las decisiones gubernamentales tomen en cuenta las necesidades de cada gremio y contribuyan al desarrollo sostenible del país.
Esta semana se desató una nueva polémica entre gremios, luego de que el Ministerio de Agricultura publicara la resolución 00052 de 2025. Esta medida buscaría reglamentar funciones de inspección, vigilancia y control contra los gremios del sector agropecuario, por lo que la cartera podrá pedir los documentos financieros necesarios para la inspección, realizar interrogatorios, auditorías, entre otros.
Entre otras de las facultades que tendrá el ministerio con el decreto mencionado está la de remover a los administradores de los gremios como medida preventiva y también podrá suspende la personería jurídica.
Ante el documento publicado, Aliadas, el gremio que agrupa a otros gremios del país, rechazó a través de una carta la implementación del decreto, asegurando que esta medida excede el marco legal y constitucional, al otorgar facultades inconstitucionales, de control e intervención sobre las asociaciones campesinas, agropecuarias y gremiales.
Uno de los puntos más preocupantes es que la resolución vulneraría el derecho fundamental a la libre asociación y la libertad de empresa. Estos son algunos de los riesgos que Aliadas menciona en su comunicado:
- Desconocimiento del derecho constitucional a la libre asociación (Art. 38) y la libertad de empresa (Art. 333).
- Debilitamiento de la autonomía gremial y de la institucionalidad campesina.
- Facultades discrecionales que pueden derivar en intervencionismo indebido y uso político del control estatal.
- Carga administrativa y económica excesiva para las asociaciones.
- Impacto negativo en la competitividad y productividad del sector agropecuario.
- Ausencia de deliberación democrática en su formulación, afectando la confianza en las instituciones.
“Las asociaciones campesinas, agropecuarias y gremiales no son extensiones del Ejecutivo; su independencia es esencial para el equilibrio de poderes y el diálogo social. Reglamentar por vía administrativa lo que la Constitución protege es una extralimitación del Gobierno que debe ser corregida”, precisa la alianza de Asociaciones y Gremios.
Finalmente, solicitan la derogación inmediata del Resolución, además de la apertura de un diálogo que garantice una regulación equilibrada y respetuosa de la autonomía gremial y ajustada a la legalidad.