SEMANA: En medio de este mar de noticias que hemos vivido con la captura de Nicolás Maduro y lo que ha venido después en la relación entre Petro y Trump, terminó pasando desapercibida la emergencia económica que hará que muchos colombianos paguen más impuestos en 2026. ¿Usted es de los que piensa que ese es un decreto pensado para estas elecciones?
J. P. S.: Sí, totalmente. En mi concepto, las medidas adoptadas bajo la figura de emergencia económica tienen, irresponsablemente, un marcado tinte electoral y populista. Aunque el Decreto tributario pretende ampararse en una emergencia económica, lo que hace es introducir impuestos estructurales por decreto, con efectos para un año claramente electoral, concentrando la carga en sectores que encajan perfectamente con la narrativa ideológica del Gobierno.
Si uno mira el contexto completo, esto es, aumento del salario mínimo del 23 %, incremento del impuesto al patrimonio, sobretasa del 50 % al sector financiero, nuevo impuesto a hidrocarburos, IVA a juegos online y mayores impuestos al consumo, es evidente que no es una respuesta técnica de política fiscal, sino una estrategia política de recaudo rápido con alto contenido simbólico para los electores.
SEMANA: ¿En qué elementos ve estos nuevos impuestos apuntando a esa estrategia?
J. P. S.: Diría que en tres elementos, que aun cuando son muy claros, se desprenden entre líneas del decreto. Y que le quiero enumerar:
- La selección de los contribuyentes, impactando a los de patrimonio, banca, hidrocarburos y consumo (licores, plataformas digitales y compras en línea), que son sectores fáciles de señalar políticamente.
- Un falso discurso de progresividad, que se usa para justificar medidas que en la verdadera práctica afectan precios, inversión y empleo, pero que se venden como justicia social.
- La forma de implementación, usando un decreto de emergencia para imponer impuestos que normalmente requieren todo un procedimiento para volverse ley. Eso evita el debate democrático, sin que sea casualidad que se dé justo antes de un año electoral.
SEMANA: Explíqueme de manera sencilla los nuevos impuestos que vienen, comenzando por el de patrimonio…
J. P. S.: Lo que el decreto hace es reforzar y endurecer de forma significativa el impuesto al patrimonio para 2026, tanto en su alcance como en su carga. Y eso se lo explico con dos cosas que cambian. La primera, baja el umbral de entrada, pues antes los contribuyentes de este impuesto eran únicamente quienes tenían patrimonios líquidos superiores a 72.000 UVT ($3,585,528,000 para el año 2025) a tan solo 40.000 UVT ($2,094,960,000 para el año 2026), ampliando masivamente la base de contribuyentes gravados. La segunda, sube las tarifas marginales que para el año 2025 iban progresivamente hasta el 1,5 %, hasta el 5 % en el 2026, niveles que, sumados a renta, predial y otros impuestos, son abiertamente confiscatorios.
SEMANA: Hay impuestos a dos sectores clave: el financiero y el extractivo. ¿Qué cambió ahí?
J. P. S.: En el sector financiero, el cambio es drástico, pues se consolida una sobretasa de 15 puntos adicionales al impuesto de renta, llevando la tarifa total al 50 %. Esta sobretasa se impone en reemplazo de la ya existente del 5 %, que se pensaba que sería transitoria y estática hasta el año 2027 luego de la última reforma tributaria del mismo Gobierno. En esta nueva versión, se exige un anticipo del 100 % de esa sobretasa, lo cual es un golpe fuerte a la liquidez de este sector.
A propósito del impacto en el sector financiero, hay demandas de inconstitucionalidad todavía en curso ante la Corte Constitucional en contra de esta sobretasa creada en el año 2022, como la que adelantan los doctores Luis Jaime Salgar y Camilo Gómez y ante la cual también incluso intervine personalmente como ciudadano para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad, por ser una sobretasa que viola abiertamente el principio de equidad tributaria.
En el sector extractivo, particularmente en el de hidrocarburos, se introduce un nuevo impuesto específico sobre las primeras ventas o exportaciones, adicional a las sobretasas ya existentes.
SEMANA: Si el decreto es con fines electorales, ¿por qué los licores? Eso sí es una salida bastante impopular.
J. P. S.: Gravar licores permite al Gobierno mostrar recaudo sin tener que lidiar enfrentamientos directos con grandes bloques organizados. En otras palabras, es recaudo fácil. El decreto sube el IVA de los licores al 19 % y aumenta significativamente el impuesto al consumo, bajo el argumento de salud pública.
Lo preocupante es que el impacto real se traslada al consumidor final, afectando economías regionales y fomentando la informalidad y el contrabando. No es una medida de salud pública ni fiscal bien diseñada, sino más bien la búsqueda de un recaudo rápido.
SEMANA: ¿Y Shein, Temu, Amazon: es cierto que todas esas ventas se van a afectar en el comercio electrónico?
J. P. S.: Sí se afecta, y de manera directa. El decreto reduce el umbral para gravar con IVA las compras internacionales. Antes solo aplicaba para compras superiores a USD $200; ahora pasa a gravarse desde USD $50.
Esto encarece el comercio electrónico transfronterizo, afecta al consumidor promedio y no necesariamente fortalece la industria local, porque no viene acompañado de una política integral de competitividad.
SEMANA: El decreto también trae alivios para muchos colombianos. Para no empezar el año solo con malas noticias. ¿Cuáles son?
J. P. S.: Sí, el decreto incluye algunos alivios transitorios, principalmente en:
- Reducción sustancial de sanciones e intereses para obligaciones en mora al 31 de diciembre de 2025.
- Conciliaciones tributarias y aduaneras, para cerrar litigios.
- Normalización tributaria de activos omitidos y pasivos inexistentes, con el pago de una tarifa del 19 %.
Son medidas útiles, pero temporales, y no compensan, en mi concepto, el impacto estructural de los nuevos impuestos.
SEMANA: Usted es tributarista y debió recibir muchas llamadas en el Año Nuevo. ¿Qué tanto miedo hay?
J. P. S.: Más que miedo, lo que percibo es un alto grado de incertidumbre y agotamiento profundo.
Los contribuyentes en general están muy alarmados y a estas alturas ya muy cansados de los cambios improvisados, sin sustento económico sólido y además en plena coyuntura electoral. Hay preocupación por el impacto devastador que estas medidas pueden tener sobre la economía y, sobre todo, por la inseguridad jurídica que cada vez es más grande.
La preocupación es doble: por un lado, el impacto económico real de impuestos tan agresivos y, por otro lado, la inseguridad jurídica que generan unos superpoderes presidenciales ejercidos sin suficiente justificación.
