Colombia enfrenta por estos días una nueva guerra arancelaria, no con Estados Unidos, como se vivió hace algunos meses tras los trinos desaforados del presidente Gustavo Petro, sino con Ecuador. Esta vez, por decisión del primer mandatario de ese país, quien en una publicación en la red social X anunció la imposición de un arancel del 30 por ciento a los productos colombianos.
El panorama se tornó más complejo luego de que el Gobierno colombiano respondiera, no solo imponiendo un arancel recíproco del mismo porcentaje, sino también suspendiendo la venta de energía a Ecuador.
La situación causó una fuerte preocupación en los sectores empresariales tanto colombianos como ecuatorianos. Actualmente, Colombia exporta a Ecuador bienes como energía eléctrica, medicamentos para uso humano, azúcares de caña y sacarosa, carburorreactores, vehículos para transporte de personas y café sin tostar.
Por otro lado, Ecuador le vende a Colombia bienes como maderas de tipo DM o waferboard, preparaciones y conservas, camarones, langostinos, aceite de palma, pescados enteros, arroces, atunes, tubos y perfiles de aluminio, entre otros, según las estadísticas de Analdex.
Son varios los empresarios que ven un panorama oscuro tras la decisión de ambos países y la entrada en un tira y afloje arancelario, que podría traer serias consecuencias.
Golpea a la industria automotriz
El presidente y director general de Renault Sofasa, Juan Camilo Vélez, aseguró que en su empresa sienten el impacto, pues la exportación de vehículos a Ecuador representó el 22 por ciento del total de sus ventas externas en 2025.
“En tres de los últimos cinco años, Ecuador ha sido el principal destino de nuestras exportaciones: en 2021, 2022 y 2024. En 2022, esas ventas llegaron a 91 millones de dólares, equivalentes al 51 por ciento del total exportado”, explicó el directivo.
Adicionalmente, aseguró que otras afectaciones las sentirían el distribuidor en Ecuador y los clientes finales, considerando que el 80 por ciento de las ventas de Renault en el vecino país corresponden a vehículos ensamblados en la planta de Envigado de Renault Sofasa Colombia.
En línea con esta posición, también habló Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes. Aseveró que son múltiples los fabricantes que exportan repuestos a Ecuador. De hecho, puntualizó que de enero a noviembre del año pasado dichas ventas alcanzaron 24,6 millones de dólares, lo que significó el 11,08 por ciento del total de las exportaciones de autopartes del país.
“Sin duda, gravar con un 30 por ciento productos tan sensibles, que hoy compiten con proveedores de Asia como China, Corea, Taiwán o Indonesia, equivaldría, prácticamente, a cerrar el mercado ecuatoriano para las exportaciones colombianas de piezas, partes y repuestos”, precisó.
Manufacturas inviables
Por su parte, en el área de las manufacturas, son varios los afectados. Plasticaucho es una de las empresas golpeadas con la decisión. La compañía se fundó hace poco más de 27 años en Colombia y se dedica a la fabricación de distintos tipos de calzado. Producen cada año cerca de 6 millones de botas de caucho para el campo. De acuerdo con su propietario, Jorge Andrés Zuluaga, la empresa enfrentaría una grave amenaza con la guerra arancelaria. “Por lo menos 300 empleados de una planta productora de zapatos estarían corriendo el riesgo de despido porque técnicamente no es viable. Las materias primas que utilizamos vienen del Ecuador”.
También afirmó que los más afectados dentro de su ramo de clientes son los campesinos y las familias colombianas, pues, además de fabricar botas para el campo, también producen calzado escolar.
Otra punta que destaca el empresario es el perjuicio en temas de comercio, puesto que con un 30 por ciento de arancel ya no serían rentables las compras legales. Sin embargo, indicó que la gente no renunciará a ellas y se inclinaría por hacerlo de manera ilegal, por lo que la frontera se puede convertir en un mercado de contrabando.
“Si los insumos se encarecen, los empresarios optarán por buscarlos en China y, en lugar de fortalecer la región, lo que ocurrirá es una mayor entrada de productos asiáticos al mercado”, concluyó.
Paralelamente, José Luis Gómez, presidente de Vitral, empresa con más de 46 años en el mercado y que fabrica perfiles de aluminio para el sector de la construcción, señaló que otro aspecto preocupante es la respuesta que Colombia ha dado a la amenaza arancelaria del Ecuador al cortar la venta de energía.
Aseguró que la energía colombiana responde por entre 8 y 10 por ciento de la energía que consume Ecuador y que, con el recorte en el suministro, el vecino país sufrirá en su producción interna, pues no tiene fuentes de energía alternativas.
“Esto golpearía a nuestras empresas y nos pondría en una condición preocupante en la comercialización, no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Habría un desabastecimiento de productos industriales de Ecuador. Si se sube un arancel del 30 por ciento, estaríamos fuera del mercado”, precisó.
Menos volumen de carga
José Agustín Hernández, presidente de Aldia Logística, afirmó que la empresa lleva 34 años con presencia en Ecuador y que ese país representa entre el 20 y el 25 por ciento de su operación internacional. En total, movilizan unas 5.500 toneladas hacia el país vecino y traen desde allí otras 3.500 toneladas a Colombia.
Explicó que la afectación para transportadores se vería reflejada directamente en una caída en los flujos de ida y regreso, por lo que tendrían que parar algunos vehículos y buscar otro mercado, una tarea compleja, además de generar desempleo para varios de sus trabajadores.
Para muchos, la decisión del presidente Daniel Noboa fue apresurada y errática. Sin embargo, no es la primera vez que sucede, pues el mandatario ha emitido varios decretos que luego han sido negados por la Justicia ecuatoriana.
El pasado 26 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional declaró inexequibles dos leyes promovidas por el mandatario. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, propuestas en un marco de emergencia económica. La primera buscaba financiación para las Fuerzas Armadas y la segunda pretendía combatir la corrupción con endurecimiento de penas. No obstante, ambas tomaban medidas arbitrarias, según el alto tribunal.
La Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, en voz de su directora, Oliva Diazgranados, hizo un llamado a la mesura de las autoridades. Manifestó que no pueden castigar al sector productivo legal que genera empleo, impuestos, bienestar social y económico para solucionar el tráfico ilegal de mercancías.
Además, la Comunidad Andina, el bloque regional que regula el comercio entre los países de la zona, también se pronunció. Declaró que remitió comunicaciones a los presidentes para que posterguen las medidas, privilegiando siempre la integración latinoamericana.
