Para el sector de servicios públicos, los últimos años han sido de constante tensión. Según Andesco, el gremio que los reúne, la preocupación más relevante ha sido la constante inseguridad jurídica derivada de medidas que, amparadas bajo la presunción de legalidad, se toman de manera reglamentaria (decretos, resoluciones, circulares) desconociendo los límites legales, además de no tener en cuenta los necesarios plazos para participación ciudadana.
“Como se ha dicho continuamente, la ideología populista ha reemplazado a la decisión técnica en todos los sectores. El Gobierno creyó que con bajar tarifas se iba a ganar al pueblo colombiano y eso puso en riesgo la suficiencia financiera de las empresas. Necesitamos que vuelva la técnica sobre la ideología y que se incorpore a cada sector lo que le corresponde y no hacer politiquería a través de cosas antitécnicas”, señaló Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
Dijo que es necesaria la coordinación entre entidades como las comisiones de Agua, Energía y Gas, y Comunicaciones “y un gobierno que dé incentivos con seguridad jurídica si queremos que no se vaya la inversión”, agregó.
Sin duda, uno de los sectores que más presiones ha recibido es el de energía y gas, en lo que para Andesco es la situación más crítica de los últimos treinta años: una crisis financiera, riesgo de abastecimiento y ruptura de la confianza inversionista.
En lo financiero, la deuda a las empresas suma 8,2 billones de pesos, por subsidios no pagados por el Gobierno Nacional, deuda de la empresa Air-e intervenida por la Superservicios, saldos de la Opción Tarifaria y deuda de las entidades oficiales por consumo de energía; lo cual pone en riesgo la prestación de estos servicios.
“En materia de suministro, perdimos la autosuficiencia en gas natural importando, en promedio, el 23 % de la demanda nacional en 2025, por primera vez para atender usuarios residenciales, comerciales e industriales, encareciendo las tarifas hasta en un 30 %; mientras la producción nacional cayó un 27 % desde 2022 por la decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación. En energía eléctrica, el déficit de oferta de energía firme para 2026-2027 es del 4,4 %; esto confluye con una demanda creciendo más del 8 %, justo cuando el fenómeno de El Niño tiene más del 98 % de probabilidad de ocurrencia en el trimestre agosto-octubre de 2026, con altas posibilidades de ser severo. Además, la confianza ha sido minada por intervenciones injustificadas y abruptas a las reglas del mercado, aumentando la valoración del riesgo país y las decisiones de inversión en un sector que requiere, en promedio, 10 billones de pesos anuales”, explicó Sánchez.
Insistió en que las decisiones basadas en ideología “nos hicieron perder la soberanía energética” e identificó cuatro grandes frentes: primero, las limitaciones para el crecimiento de la oferta de generación y transmisión —en los últimos cuatro años en promedio entró en operación apenas el 17,5 % de la generación esperada, los 2,4 GW de energía eólica asignados en subastas no han entrado en operación y el 55 % de los proyectos de transmisión presentan retrasos por asuntos ambientales y sociales—; segundo, el desabastecimiento de gas natural derivado de la decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación y la estigmatización del combustible de menores emisiones, lo que redujo la producción y llevó a la industria a migrar a combustibles más contaminantes, y generó dificultades en el apalancamiento financiero; tercero, el incumplimiento sistemático en el pago de subsidios y deudas del Estado, que acumuló una deuda significativa al sector y generó un “apagón financiero”; y cuarto, el ataque sistemático a las empresas con pronunciamientos, lineamientos y cambio de reglas que debilitó la confianza y puso en riesgo las inversiones que requiere el país.
El sector de agua potable y saneamiento básico enfrenta desafíos estructurales que limitan su capacidad de expansión, sostenibilidad financiera y adaptación a las nuevas exigencias ambientales y sociales del país.
“Este gobierno generó una alta expectativa de cómo se incrementaban los recursos para el sector de agua potable y saneamiento para avanzar en algunas iniciativas de acceso al agua en territorios vulnerables, pero persisten rezagos significativos en cobertura rural; no se consolidó y materializó porque vemos cómo la ejecución de los recursos por parte del gobierno nacional no logró su materialización. Gran parte de los recursos contratados no se tradujeron oportunamente en ejecución física de obras, bienes o servicios efectivamente recibidos, puesto que su ejecución solo ha llegado en promedio al 50 %.
Por otro lado, el avance en el tratamiento de las aguas residuales ha sido del 0 %; no se pudo concretar y sacar adelante los proyectos de PTAR que se venían estructurando a través del Plan Maestro de Aguas Residuales PMAR.
En materia de residuos sólidos, se estableció una política nacional mediante el programa Basura Cero orientada a reducir la dependencia de los rellenos sanitarios y promover el aprovechamiento, tratamiento y valorización de residuos bajo principios de economía circular. El Programa Basura Cero fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente reglamentado mediante el Decreto 670 de 2025.
“En principio fue una buena señal porque tuvo un debate y participación amplia con todos los actores, pero en el último año vimos cómo las reglamentaciones que se proponen para darle desarrollo a este programa son contradictorias, con nula discusión con los actores que deben darle ejecución, como son los prestadores de aseo, los municipios o los recicladores”, agregó Sánchez.
Además, no se logró la materialización en infraestructura, donde la transformación propuesta exige inversiones masivas en: Plantas de aprovechamiento, plantas de compostaje, plantas de valorización energética, centros de clasificación y parques tecnológicos ambientales.
“Tuvimos una escala limitada de los proyectos; el Gobierno reportó seis proyectos en ejecución por aproximadamente 27.000 millones de pesos, beneficiando a cerca de 336.000 personas. Aunque son avances importantes, resultan modestos frente a las necesidades nacionales de más de 50 millones de habitantes y más de 12 millones de toneladas de residuos generadas anualmente”, explicó el dirigente gremial y señaló que hay ausencia de incentivos económicos “robustos”, para la economía circular que requiere financiamiento y señales económicas.
También destacó que uno de los principales retos que enfrentó el sector de agua potable y saneamiento básico durante los últimos años estuvo relacionado con la construcción y adopción de los nuevos marcos regulatorios y tarifarios.
En materia de conectividad, el Gobierno se propuso una meta del 85 % de hogares conectados; hoy, según las cifras del MinTIC, la cifra llega al 73 %, con un agravante, según Andesco: persisten las brechas territoriales; en 13 departamentos hay menos de 10 accesos a internet por cada 100 habitantes, entre ellos Guainía, Chocó y Vaupés, incluso por debajo de 5 accesos por cada 100 habitantes.
Además, advierte que el Fondo Único de TIC - FUTIC, que está creado con el propósito de cerrar estas brechas, ha demostrado un desempeño deficiente. De acuerdo con el informe de la OCDE 2026, solamente ha ejecutado el 60 % de sus recursos en proyectos de inversión, con una multiplicidad de propósitos, entre otros, la financiación de proyectos audiovisuales, subvenciones y eventos culturales.
Para Sánchez, la industria TIC se ha visto enfrentada a un decrecimiento del sector. En los últimos tres años, este sector no ha crecido por encima de la inflación y, mientras se requieren altas inversiones para mantenerse al día con los constantes avances tecnológicos, los operadores ven cómo sus ingresos por usuario disminuyen.
Esto sumado a una contraprestación sectorial del 1,9 %, mientras en la región está en promedio en el 1 %; los costos de espectro son los segundos más altos de la región después de México, las altas cargas tributarias, impuestos territoriales como el alumbrado público o el de teléfonos y cargas asociadas al despliegue de infraestructura que asfixian a un sector determinante para el desarrollo.
En medio de este panorama, las tareas y principales focos del próximo gobierno serán muy retadores. “El próximo gobierno debe recuperar la confianza y destrabar al país”, dijo Sánchez.
Explicó que los primeros cien días serán determinantes para enviar señales claras de estabilidad, seguridad física y jurídica y confianza para la inversión. “Es urgente recuperar la soberanía energética, aprovechando nuestras ventajas comparativas”, anticipó.
A nivel general, manifestó el dirigente gremial, el Gobierno debe brindar garantías de seguridad en todo el territorio nacional, consolidar marcos regulatorios que promuevan eficiencia, innovación, sostenibilidad financiera y atracción de inversión, con seguridad jurídica y sin cambios abruptos en las reglas de juego.
“El Gobierno elegido debe desmontar medidas antitécnicas y facilitar todos los procesos que están literalmente trancados por temas de consulta previa, licenciamiento ambiental y paros armados (incluida extorsión y amenazas) en todo el país”, afirmó.
En energía y gas, el nuevo gobierno debe estabilizar el sistema en 2026 con un plan de choque para que el país no se apague, restaurar la confianza inversionista para atraer lo que le permita al país y al sector crecer, modernizar el mercado para competir en 2030.
“El próximo gobierno recibirá un sector con el reloj en contra y cinco factores confluyendo simultáneamente hacia un racionamiento: El Niño inminente, déficit de energía firme, gas local insuficiente, una deuda que paraliza la cadena sectorial y una demanda creciente. En los primeros cien días hay dos acciones que no admiten demora: primero, garantizar el pago urgente de la deuda acumulada, priorizando a los generadores térmicos que necesitan comprar gas natural antes de que llegue El Niño, y activar el programa de respuesta de demanda con incentivos de desconexión; segundo, destrabar de manera inmediata los proyectos de generación y transmisión que puedan entrar en operación en 2026 y 2027, así como las plantas de regasificación adicionales, reactivando la Mesa de Alto Nivel del sector eléctrico y conformando en la Presidencia un Consejo de Seguridad Energética con tableros de riesgo y control semanal”, afirmó Sánchez.
En agua, es clave construir una política integral que garantice la disponibilidad del líquido para las próximas décadas mediante la protección de cuencas, la gestión de embalses, el tratamiento de aguas residuales, el reúso de agua y la adaptación al cambio climático. También con la transformación de la infraestructura y la modernización del servicio de aseo.
Además, se deberá definir una política pública integral que promueva las TIC como el principal motor del desarrollo, en la que se impulse el despliegue de infraestructura, la apropiación de las nuevas tecnologías como parte de todos los programas de educación, la promoción del talento digital, la coordinación interinstitucional, la destinación de los recursos del FUTIC a proyectos de conectividad y la sostenibilidad del sector, disminuyendo cargas económicas sectoriales y fiscales.