CÁPSULA

Plan Caribe Energético propone agenda para el sector durante el nuevo Gobierno

La iniciativa reúne 49 acciones con distintos plazos y busca incorporar las prioridades energéticas de la región en la planeación nacional entre 2026 y 2030.

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21 de agosto de 2026 a las 9:36 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Foto: Guillermo Torres / Semana

El inicio del nuevo Gobierno nacional coincide con un escenario de presión para el sistema energético colombiano, marcado por el fortalecimiento de El Niño, el aumento de la demanda, las limitaciones de infraestructura y el retraso de proyectos estratégicos. Ante esta situación, la Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe) presentó el Plan Caribe Energético, construido durante siete meses de trabajo técnico y territorial.

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La propuesta reúne 49 iniciativas distribuidas en distintos horizontes: 11 para los primeros 100 días, siete para los primeros seis meses, siete antes de la mitad del periodo presidencial y 24 de carácter estructural, proyectadas desde 2029.

Entre las prioridades están acelerar obras de transmisión y distribución, facilitar conexiones de nuevos proyectos de generación, garantizar respaldo térmico y abastecimiento de gas natural, incorporar almacenamiento con baterías, modernizar las redes, reducir pérdidas y atender los barrios subnormales. También plantea mejorar la focalización de subsidios, impulsar comunidades energéticas y aprovechar el potencial renovable de la región.

El contexto climático aumenta la presión sobre estas medidas. El Ideam informó el 13 de agosto que las condiciones de El Niño continuaban fortaleciéndose, con más de 97 % de probabilidad de persistencia hasta el primer trimestre de 2027 y cerca de 81 % de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026.

El Caribe concentra cerca del 40 % de la pobreza energética y alrededor del 92 % de la subnormalidad eléctrica del país, pese a reunir aproximadamente el 80 % del potencial renovable nacional.

La RAP Caribe plantea que la ejecución requiere coordinación entre Gobierno nacional, entidades territoriales, empresas, operadores, gremios, academia y comunidades, con responsables, financiación, plazos y mecanismos de seguimiento.

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