Antes de terminar el gobierno de Gustavo Petro, la Superintendencia de Sociedades entregó su informe con los resultados de las 10.000 empresas más grandes de Colombia que registraron ingresos por 1.853,8 billones de pesos y utilidades por 138,6 billones al cierre de 2025.
En ese entorno se dieron importantes movidas empresariales. Por ejemplo, se concretaron las compras de Movistar y la participación de EPM en Tigo UNE, por parte de Millicom; Biomax, del grupo hondureño Uno Corp, que compró las acciones de Primax para quedarse con el 30 por ciento del mercado de combustibles en Colombia; la cementera Holcim se quedó con cerca de 20 centros de producción de Cemex en Colombia, y la chilena Cencosud compró las 21 tiendas que tenía Makro. Ahora, la expectativa con la llegada del nuevo Gobierno se centra en los ajustes para fortalecer el tejido empresarial en la era de la “patria milagro”.
Para Nicolás Tirado, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), el principal ajuste normativo que podría hacer el nuevo Gobierno “es concentrar sus esfuerzos en consolidar la seguridad jurídica para las empresas nacionales”. Considera que la seguridad jurídica no es sinónimo de desregulación, sino que la estabilidad se construye legislando en el Congreso, respetando laudos y decisiones arbitrales, evitando la dispersión de normas y permitiendo que los ciudadanos puedan encontrar en línea las normas que aplican a su actividad.
Por su parte, Martín Escobar, director de KPMG Legal, advierte que “el ajuste más urgente es modernizar y simplificar el ‘ciclo de vida’ de las sociedades: constitución, reformas, capitalizaciones y liquidaciones o cierres”. Esto se traduce en que el Gobierno debería impulsar una agenda de digitalización real (actas, libros, poderes, asambleas y juntas ciento por ciento electrónicas con reglas claras), mayor estandarización registral entre cámaras de comercio y depuración normativa que reduzca cargas y tiempos para operar, invertir y reorganizarse.
“Sería bueno pensar en consolidar un marco coherente sobre beneficiario final, conflictos de interés y operaciones con vinculados para evitar duplicidades y costos de cumplimiento que hoy se sienten más ‘formales’ que útiles”, dijo Escobar.
En su criterio, también sería valioso que el Gobierno se enfocara en la protección de los minoritarios mediante el fortalecimiento de mecanismos para resolver conflictos societarios como las medidas cautelares, acciones de responsabilidad administrativas, reglas sobre información y abusos de mayoría.
En este mismo sentido se expresó Andrés Hidalgo, socio de Lloreda Camacho, ante la alta concentración de capital en la estructura de propiedad de las empresas en el país. “Hay que introducir ajustes normativos orientados a fortalecer la protección de los accionistas minoritarios frente al poder de decisión de los accionistas mayoritarios”.
Para Hidalgo, es deseable que, en la nueva legislatura, el Congreso retome la iniciativa presentada en 2025 y que incorporaba reformas estructurales para modernizar y continuar impulsando la actualización del régimen societario colombiano.
A su vez, Andrés Ordóñez-Rizo, socio de Garrigues Colombia, “más que una nueva ola de reformas, Colombia necesita fortalecer la estabilidad y predictibilidad del marco normativo, así como agilizar los procesos para la obtención de autorizaciones, licencias y permisos regulatorios”. Considera que los inversionistas pueden adaptarse a distintas reglas, pero les preocupa la incertidumbre sobre su duración, interpretación y aplicación, al igual que los tiempos asociados a las decisiones del Gobierno porque afectan la estructuración y ejecución de nuevas inversiones.
“Lo verdaderamente determinante es contar con un marco jurídico estable, predecible, que permita evaluar riesgos y ejecutar las transacciones con un nivel razonable de certeza”, comentó.
Para él, la estabilidad regulatoria y la capacidad de desarrollar negocios con agilidad continúan siendo factores decisivos para atraer inversión de largo plazo.
Aunque el régimen societario colombiano ha evolucionado, las empresas –especialmente las mipymes– continúan enfrentando cargas regulatorias significativas derivadas de obligaciones tributarias, laborales, societarias y de cumplimiento.
Así lo explicó Carolina Munar, socia en Scola Abogados, para quien el reto del nuevo Gobierno, más que promover nuevas reformas, es consolidar un marco regulatorio estable, coherente y previsible. “En línea con los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, resulta conveniente fortalecer criterios de proporcionalidad regulatoria, de manera que las exigencias aplicables guarden relación con el tamaño, la capacidad económica y el nivel de riesgo de cada empresa”, afirmó.
Felipe Pinilla Acevedo, socio fundador de PGP, tampoco ve urgencia en introducir ajustes normativos al sistema legal societario colombiano porque lo considera ordenado, pero sí tiene “gran expectativa” frente a la anunciada flexibilización tributaria y la eliminación de medidas adoptadas con sesgo ideológico durante el cuatrienio anterior.
A su turno, Alessandro Quinto, asociado de Godoy, explicó que el régimen societario vigente tiene bases sólidas, pero sigue apoyado en normas dispersas que no siempre responden a la forma en que hoy se constituyen, financian, gobiernan y reorganizan las compañías.
Insiste en que la lógica con la que se creó el modelo de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que, a su juicio, favoreció la formalización sin sacrificar la supervisión, debería extenderse a otros aspectos del régimen, especialmente en materia de conflictos entre socios, responsabilidad y deberes de administradores, abuso de control y protección de minoritarios.
En este sentido, Clare Montgomery, socia de Baker McKenzie Colombia, propone crear la acción derivada, mecanismo para proteger a los accionistas minoritarios, quienes con la regulación actual tienen problemas para reclamar sus derechos ante el sistema judicial en eventos de abuso de los controlantes. Cree que, en la medida en que aumenten los requisitos y las obligaciones para los emprendimientos y startups, se desincentiva la creación de empresa en Colombia y por eso, entre otros, plantea reducir costos en trámites y obligaciones.
Álvaro Cala y Johann Schomberger, de Brigard Urrutia, reconocen que, en Colombia, liquidar una empresa suele ser mucho más costoso, demorado y complejo que constituirla: “La liquidación voluntaria exige etapas rigurosas de avisos y aprobaciones que pueden tardar meses o incluso años, especialmente por las formalidades de los documentos requeridos”.
Según los cálculos del consultor empresarial Mauricio Serna, “el 65 por ciento de las empresas en insolvencia llegan allí por temas de gobierno corporativo, no alineación de accionistas, separaciones matrimoniales, robos de unos a otros o fallida transición generacional”.