La agenda socioambiental enfrentó muchos reveses durante el año 2025, como la salida de la mayor economía mundial del Acuerdo de París, movimientos contrarios a temas ambientales y, principalmente, enfrentamientos a causas sociales como la diversidad y la inclusión. Sin embargo, el mercado de deuda etiquetada sostenible se mantuvo resiliente, registrando uno de los mejores años de su historia.
Las emisiones de bonos (o préstamos) verdes, sociales, sostenibles o vinculados a metas de sostenibilidad (conocidos como GSS+, por sus siglas en inglés) alcanzaron su auge en 2021, cuando, por primera vez, superaron USD 1 billón (USD 1,1 billones). El año 2024, aunque estuvo un poco por debajo del pico (USD 1,05 billones), también logró superar esa marca, con un crecimiento del 11 % en relación con el año anterior.
Aunque las cifras finales de 2025 aún no están disponibles, los datos preliminares indican resultados prometedores: cerca de USD 556 mil millones emitidos hasta mediados de año, más USD 233 mil millones en el trimestre siguiente. Se espera que 2025 también supere la marca de USD 1 billón, e incluso podría superar el récord de volumen en 12 meses.
Al acercarnos a casi USD 7 billones de bonos y préstamos GSS+ desde 2006, es posible identificar características y tendencias más claras de este mercado a nivel mundial y en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Los bonos verdes –destinados a financiar proyectos con beneficios ambientales– continúan liderando, representando aproximadamente el 60 % de las emisiones anuales globales.
Los bonos sociales (enfocados en servicios para poblaciones desatendidas) y los sostenibles (que combinan impactos ambientales y sociales) se alternan en la segunda posición, cada uno representando cerca del 15-20 % de las emisiones anuales. Tras el pico de operaciones GSS+ en 2021 y una fuerte retracción en 2022, fueron precisamente estos dos tipos de bonos los que impulsaron la recuperación de los mercados en 2024/2025. Hasta el final del tercer trimestre de 2025, ambos están empatados con el 19 % de las emisiones totales cada uno.
Las operaciones vinculadas a metas de sostenibilidad, aunque crecieron rápidamente entre 2020 y 2023, aún representan solo entre el 1 y el 2 % del total. A diferencia de los demás bonos, que tienen un destino específico para los recursos, estos instrumentos se basan en compromisos institucionales, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque ofrecen flexibilidad y potencial, su crecimiento se estancó en 2024, sin una recuperación relevante. Sin embargo, en algunas regiones, especialmente en LAC, muestran una participación relativamente mayor y un crecimiento consistente en los últimos cinco años.
El panorama latinoamericano y caribeño aporta matices importantes frente a las emisiones temáticas. Entre 2023 y 2024, la participación regional en el mercado global cayó del 6 % al 5 %, pero el volumen absoluto se mantuvo estable. Chile lidera en volumen emitido, aunque concentrado en pocas operaciones, generalmente de gran tamaño y predominantemente gubernamentales. Brasil, tercero en volumen, sobresale por el mayor número de emisiones, realizadas por un grupo diverso de emisores (empresas, gobierno, instituciones financieras) y con gran variedad de tamaños, instrumentos y sectores. México ocupa una posición intermedia entre estas dos realidades.
En LAC, las emisiones verdes son las más relevantes, aunque representan una proporción menor que en el contexto global (aproximadamente el 50 % en la región). Las operaciones del sector energético tienen un peso relevante, especialmente a través de emisiones soberanas de varios países latinoamericanos y de las debentures incentivadas brasileñas, un instrumento de deuda que facilita la financiación de infraestructura estratégica, incluyendo energías renovables.
Las emisiones sostenibles aparecen en segundo lugar, impulsadas por la carencia de infraestructura básica, como agua y saneamiento. Por su parte, los bonos sociales, a pesar de los numerosos desafíos regionales, son menos significativos de lo que podría esperarse.
De hecho, la participación de LAC en bonos sociales está muy distante de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, lo que revela un potencial de crecimiento. Las dificultades para definir poblaciones desatendidas y para obtener datos precisos sobre estas explican en parte esta situación. Además, como las emisiones sostenibles pueden abarcar beneficios ambientales y sociales, terminan siendo preferidas.
Por otro lado, las operaciones vinculadas a metas tienen mayor peso en la región, pero esto no necesariamente refleja un mayor compromiso institucional. Según Climate Bonds Initiative (CBI), casi ninguna de estas emisiones está alineada con las trayectorias necesarias para cumplir los acuerdos globales, evidenciando desconocimiento de las necesidades y metas nacionales por parte de los emisores locales.
Resulta evidente la necesidad de definir trayectorias sectoriales para la transición (sector pathways, en inglés), detallando cómo los sectores y las empresas pueden contribuir a los compromisos nacionales. En muchos casos, los compromisos asumidos por los emisores realmente representan mejoras frente al pasado, pero siguen siendo insuficientes para alinearse, por ejemplo, con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).
Para los próximos años, algunos movimientos pueden impulsar este mercado en la región. Destaca el Programa EcoInvest en Brasil, que busca atraer capital internacional y destrabar inversiones a largo plazo, ofreciendo capital catalizador a costos reducidos y estimulando a los emisores a buscar financiamiento adicional, con las emisiones GSS+ como alternativa recurrente. Este esquema puede ser replicado en diferentes países LAC.
A nivel global, también crece la validación de metas y compromisos climáticos más ambiciosos, en respuesta a los retrocesos recientes y a la salida de países importantes de acuerdos globales. Esto impulsa una reacción de “redoblar la apuesta” entre los países que permanecen.
Otra consolidación que se viene dando es la de las taxonomías nacionales. En LAC, varios países ya cuentan con taxonomías, desde pioneros como Colombia y México hasta quienes lanzaron recientemente su lista de actividades verdes o sostenibles, como Brasil, Costa Rica, República Dominicana, entre otros. Además, varios países están en proceso de desarrollo, como Paraguay y Perú.
Estas taxonomías ayudan a definir qué es efectivamente verde, social o sostenible en un contexto local, estableciendo las “reglas del juego” para los actores del mercado. Sobre esto, la principal certificación para emisiones temáticas, la CBI, debería expandir sus criterios más allá del clima y aceptar como referencia las taxonomías locales. Así, no solo se esperan más emisiones etiquetadas, sino también que estas tengan un impacto más significativo al ser estructuradas dentro de contextos más precisos.
*Fred Seifert es socio de ERM y responsable por su SPO Center of Excellence.