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La empresa ejecutora del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) aclaró en un comunicado de prensa que se “mantiene un nivel positivo de liquidez”. | Foto: EPM

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EPM ya canceló deuda USD 450 millones al BID por financiamiento de Hidroituango

Voceros de Empresas Públicas de Medellín aseguraron que este pago no afectará la operación y la continuidad de las inversiones requeridas por el proyecto hidroeléctrico.

23 de diciembre de 2021

Ya no hay deuda pendiente. Antes de que finalizara el año 2021, Empresas Públicas de Medellín (EPM) se puso al día y anunció que pagó en una sola cuota el crédito que le adeudaba al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Mediante un comunicado público, EPM precisó: “En cumplimiento del acuerdo de pago anticipado voluntario entre BID Invest y EPM publicado el pasado 1 de diciembre, EMP pagó hoy el saldo total a capital del crédito vigente a la fecha (USD 450 millones)”.

La empresa ejecutora del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) aclaró que se “mantiene un nivel positivo de liquidez”, a pesar de haber cancelado en su totalidad le deuda con recursos disponibles en la caja de la empresa.

Martha Lucía Durán, vicepresidenta de Finanzas e Inversiones, explicó en el mismo pronunciamiento de la empresa que con el pago anticipado de la deuda al BID no se pone en riesgo la capacidad financiera de la empresa y que a su vez se siguen financiando las obras en Hidroituango.

Según la explicación de EPM, este pago no afectará la operación y la continuidad “de las inversiones requeridas tanto por el proyecto hidroeléctrico Ituango, como por los proyectos que actualmente se desarrollan”.

EPM y el BID Invest firmaron el contrato de crédito el 29 de diciembre de 2017 como parte de la financiación del proyecto hidroeléctrico Ituango.

Los voceros de Empresas Públicas de Medellín reiteraron que esta operación de pago voluntario anticipado se desarrolló “en atención a la prioridad que le brinda EMP a honor a todas sus obligaciones financieras, a su capacidad financiera y a la preservación integral de la relación de largo plazo de las dos instituciones”.

A inicios del mes de diciembre, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, informó en rueda de prensa realizada en Medellín que el crédito con el BID de 900 millones de dólares, del cual ya se había hecho un desembolso de 450 millones de dólares, se debía pagar antes del 30 de octubre de 2021.

Luego de conocer el fallo de primera instancia de la Contraloría General, que involucró como responsables fiscales a 26 personas naturales y jurídicos, entre ellos, al constructor de la hidroeléctrica, el BID empezó a mostrar su preocupación y a anunciar que se retiraría, como financiador del proyecto, ante la inseguridad que generaba el eventual cambio de contratista.

De forma paralela se adelantaban reuniones con los contratistas para establecer una posible prórroga. El preacuerdo suscrito y anunciado a la opinión pública hablaba de ocho meses, los cuales, según explicó Carrillo, continúan en pie, pues lo único que no se puede permitir EPM es suspender el avance de la obra, con la cual se ha prometido que en el segundo semestre de 2022 habrán prendido dos de las ocho turbinas que incluye la hidroeléctrica para suministrar energía al país.

Tras 44 meses de diálogos y conversaciones, EPM logró el pasado 10 de diciembre la firma del contrato de acuerdo de transacción definitivo con la compañía Mapfre Seguros Generales de Colombia para la indemnización bajo la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje, por la contingencia ocurrida en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, por valor de 983,8 millones de dólares.

En una sesión extraordinaria el pasado 7 de diciembre, la junta directiva de EPM dio su aprobación para la suscripción del acuerdo. La firma del contrato de acuerdo de transacción de pago del siniestro en Hidroituango se concretó en la sede de la Contraloría General de la República, en Bogotá, entre Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM, y Pablo Andrés Jackson, CEO de Seguros Mapfre para Colombia, con la presencia del presidente Iván Duque Márquez y de Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República.