Con la expedición del Decreto 1390 de 2025, el Gobierno Nacional activó el estado de emergencia económica y social por un periodo de 30 días, una figura excepcional que le permite al presidente tomar decisiones con fuerza de ley para enfrentar situaciones que considera críticas para el país.
En este caso, el presidente argumenta que existe un fuerte desajuste en las cuentas públicas de 2026, luego de que el Congreso no aprobara una ley de financiamiento que buscaba cubrir un faltante superior a los $16 billones, lo que, según el Gobierno, pone en riesgo el cumplimiento de varias obligaciones del Estado.
La declaratoria abre la puerta a medidas urgentes para conseguir recursos y reorganizar el gasto, especialmente en sectores donde el flujo de dinero es determinante para su funcionamiento. Entre ellos está la salud, un frente que el Gobierno considera prioritario debido a compromisos financieros que deben cumplirse el próximo año.
Sin embargo, la activación de estas facultades extraordinarias no solo acelera decisiones fiscales, sino que también revive el debate constitucional sobre si el problema que enfrenta el país es realmente excepcional o si podía resolverse mediante los mecanismos ordinarios previstos en la ley, una discusión que ahora deberá evaluar la Corte Constitucional.
Desde la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), la reacción fue una de las más duras. En su pronunciamiento, el presidente de la compañía, Bruce Mac Master, afirmó: “El regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos serán 16 billones de impuestos. Los que el Congreso no aprobó por múltiples causas”. Además, señaló que “ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de emergencia económica son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla”, y advirtió que la medida “configura un caso flagrante de abuso del derecho por parte de los funcionarios del Gobierno nacional que lo configuraron”.
El Regalo de navidad del gobierno a los colombianos serán 16 billones de impuestos. Los que el Congreso no aprobó por múltiples causas. Ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de "Emergencia Económica" son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla.…
— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) December 23, 2025
La Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) también cuestionó el sustento del Decreto 1390 y puso el foco en el impacto sobre los ciudadanos. En su comunicado, el gremio aseguró: “Resulta difícil entender cómo se pretende exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten serios cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalo tras escándalo”. Fenalco advirtió que “el bolsillo de los colombianos no aguanta más” y alertó que expedir un decreto de esta magnitud durante la vacancia judicial “imposibilitaría el control judicial oportuno”.
7⃣ FENALCO confía en que, de expedirse el decreto, la Corte Constitucional realizará un examen riguroso y, de ser necesario, declarará su inexequibilidad.
— Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) December 20, 2025
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En el sector de la construcción, Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) rechazó la declaratoria al considerar que no se configuran las condiciones excepcionales exigidas por la Constitución. Según el gremio, la situación fiscal “no obedece a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas”. Además, advirtió que la emergencia “introduce incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas” y afecta la confianza necesaria para la inversión, la planeación de proyectos y el empleo formal.
COMUNICADO DE PRENSA
— Camacol Colombia (@CamacolColombia) December 23, 2025
Camacol rechaza la declaratoria de emergencia económica por falta de sustento constitucional https://t.co/7YoYgs1pn6 pic.twitter.com/c8m7dOw4gj
Por su parte, el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los principales sectores productivos del país, expresó una “profunda preocupación” por el Decreto 1390. El organismo sostuvo que “es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica”, al tratarse de una situación fiscal previsible. Además, solicitó a la Corte Constitucional que pueda analizar de manera excepcional la suspensión provisional del decreto para evitar “perjuicios irremediables a la economía”.
El @ConsejoGremial hace un llamado respetuoso a la @CConstitucional para que, de manera excepcional, pueda conocer y analizar la suspensión provisional de los efectos del decreto de emergencia económica durante el periodo de vacancia judicial. pic.twitter.com/iDWyiSLNlY
— Consejo Gremial (@ConsejoGremial) December 20, 2025
Finalmente, Asobares (Asociación de Bares de Colombia) advirtió que la declaratoria de emergencia económica podría derivar en nuevos impuestos que impactarían directamente al licor, uno de los principales insumos del sector nocturno.
Según el gremio, este tipo de medidas tendría un efecto inmediato sobre los costos de operación de bares y establecimientos formales. En su comunicado, Asobares rechazó ese escenario y aseguró que la emergencia representaría “un nuevo y severo golpe para el comercio formal, el empleo y la sostenibilidad de la economía nocturna”, al tiempo que calificó la medida como “regresiva, contraproducente y desconectada de la realidad económica del país”.
#Atento | Asobares rechazó el decreto de emergencia económica con el que se buscará cargar nuevos impuestos a los licores y advirtió que la demanda puede desplazarse hacia el sector del contrabando pic.twitter.com/qmKN3vrhf3
— Diario La República (@larepublica_co) December 22, 2025
Mientras el Gobierno defiende el Decreto 1390 de 2025 como una herramienta excepcional para enfrentar el desbalance fiscal de 2026, los gremios insisten en que la situación no cumple los requisitos constitucionales para un estado de excepción y que las soluciones deben tramitarse por las vías ordinarias.