Previo a la terminación de las facultades del presidente Gustavo Petro para emitir decretos con fuerza de ley, al amparo de un estado de excepción por emergencia económica ligada a la ola invernal en 8 departamentos del país, desde el gobierno se emitieron 7 decretos, algunos de los cuales incluyen la fuente de financiación para las necesidades coyunturales.
Entre los impuestos está el del patrimonio a las personas jurídicas (empresas), al igual que el gravamen a los juegos de suerte y azar en línea, ambos, en busca de las alternativas para juntar más de 8 billones de pesos que se requieren en la emergencia, según el gobierno.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, gremio de comerciantes, salió a rechazar el paquete de medidas, tras calificarlas de “reforma tributaria” y no de fuentes para financiar un estado de excepción, como el que motivó la declaratoria de emergencia económica. “En la práctica, estas medidas están convirtiendo la excepción en una reforma tributaria por decreto para atender las necesidades de caja, con nuevos impuestos y mayores cargas que golpean al sector productivo, desincentivan la inversión y erosionan la confianza en la estabilidad de las reglas del juego”, dijo Cabal.
Lo más sensible
Al decir del directivo de Fenalco, una de las medidas más sensibles es la que está expuesta en el Decreto 0240 de 2026.
En esa normativa “se amplía el impuesto extraordinario al patrimonio a establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras, elevando la complejidad de su aplicación y deteriorando aún más el clima para la inversión extranjera”, advirtió Cabal.
Además de los impuestos, a Fenalco le preocupa otro punto crucial y es el de los riesgos de que los dineros recaudados a propósito de la emergencia, se puedan utilizar con fines electorales.
Riesgo de uso de dinero público con fines electorales
Pero la preocupación no es únicamente tributaria. Varios de los decretos expedidos bajo la emergencia económica, según manifiesta el directivo de Fenalco, “relajan controles institucionales, reducen exigencias de transparencia y amplían márgenes de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, en un momento preelectoral en el que el país debería reforzar al máximo los mecanismos de vigilancia, publicidad y control”.
Cabal menciona, por ejemplo, “la flexibilización de reglas para subsidios, presupuesto territorial y ejecución de programas con recursos estatales configura un escenario de alto riesgo para la confianza institucional y la integridad en el uso del dinero público”.
Otro decreto delicado
Y no es todo. Para el gremio de comerciantes, también hay preocupación por el Decreto 0245 de 2026, el cual “resulta especialmente delicado”.
Dicha norma estaría dando vía libre para permitir la entrega de transferencias monetarias extraordinarias con criterios de focalización y selección de beneficiarios que serán definidos posteriormente por el DPS (Prosperidad Social).
Como se trata de un estado de excepción, podrían hacerlo sin publicidad previa de las decisiones administrativas, advierte Fenalco.
Les invito a ver esta entrevista que concedí a @RevistaSemana hace unos minutos.
— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 16, 2026
Temas varios y candentes.https://t.co/MJ7HavZxqq
Piden lupa al tema
En varios de los decretos habría temas preocupantes para Fenalco. Es así como, mencionan los decretos 0243 y 0244, que también tienen normas que otorgan discrecionalidad para asignar recursos públicos sin mayores controles.
El primero, para las alcaldías y el segundo para el establecimiento de subsidios y garantías para créditos productivos.
“El mensaje es grave: más discrecionalidad para asignar recursos y menos controles para vigilar su uso. Estas medidas evidencian un uso expansivo de las facultades excepcionales, con cambios estructurales en materia tributaria, presupuestal y administrativa sin el debido debate democrático en el Congreso”, concluyó Cabal, quien manifestó que la ciudadanía debe estar atenta para poner la lupa.