Hace algunas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció el inicio de una investigación contra tres empresas generadoras de energía, detallando presuntas conductas que habrían afectado la libre competencia en el Mercado de Energía Mayorista. La decisión se dio en principio contra ENEL Colombia, AES Colombia y Celsia Colombia.
Tras esta situación, la presidente del gremio de Acolgén, las generadoras de energía, Natalia Gutiérrez, se pronunció al respecto este 5 de agosto, asegurando que la indagación no puede analizarse como un hecho aislado, sino que es el remate de cuatro años de hostigamiento institucional contra el sector generador.
Aseguró que el hostigamiento ha pasado por la imposición de cargas para sostener a un distribuidor intervenido y financieramente quebrado, con amenazas y señalamientos públicos, además de comparaciones inadmisibles con actividades delictivas, cambios constantes en las reglas de juego y el desconocimiento de la institucionalidad técnica y de la arquitectura del mercado eléctrico.
“Después de debilitar las señales de inversión, deteriorar la confianza y agravar los riesgos de abastecimiento —como si quisieran dejar al país apagado—, ahora, a pocos días del cambio de Gobierno, la SIC y la Superservicios intensifican investigaciones y anuncios con los que pretenden instalar la narrativa de que los generadores son responsables de una crisis originada, en buena medida, por decisiones y omisiones del Gobierno de Gustavo Petro. ¿Hasta dónde llegará este show?“, detalló en un trino la líder gremial.
Tras la denuncia que hizo Gutiérrez por la indagación de la entidad de control, también detalló que solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer un acompañamiento preventivo, integral y permanente sobre estas actuaciones, para garantizar su independencia técnica, evitar cualquier instrumentalización política y proteger la presunción de inocencia, la imparcialidad y el debido proceso.
Dijo además que, aunque “la vigilancia estatal es legítima, la persecución institucional y el prejuzgamiento público no lo son”, precisó.
