Protección para la ciudadanía, lo que pide el Consejo Gremial ante avance de paro armado

En seis departamentos de Colombia ronda el miedo. Aunque las calles permanecen solas y el comercio con las puertas cerradas, al interior de las casas las familias están atemorizadas. Continúan los actos violentos, de incineración de buses y camiones, o de vehículos particulares en varios departamentos de Colombia.

Se trataría de las acciones terroristas, en desarrollo del paro armado que habría sido decretado en represalia por la extradición de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel. Las afectaciones en la ciudadanía y en el sector productivo ya empiezan a verse, por lo que el presidente del Consejo Gremial, Jaime Alberto Cabal, hizo un llamado para que se brinde protección a los civiles y a los productores y transportadores.

“Con la mayor preocupación y urgencia se solicita a la Fuerza Pública y a las autoridades, la protección a productores, empresarios, trabajadores, transportadores y en general las comunidades afectadas”, señaló el dirigente del gremio de gremios, al tiempo que expresó su rechazo categórico por “el paro armado y los hechos de violencia que se han presentado hasta ahora”.

Cabal, además, reclamó por “el inicio de las correspondientes acciones judiciales para investigar y condenar a aquellos que irrumpen el orden y la seguridad pública”, sostuvo.

El Consejo Gremial es un conglomerado de gremios en el que tienen asiento las más representativas empresas de los sectores industrial, servicios, agropecuario, financiero y comercial. Bajo la sombrilla del Consejo Gremial permanecen los 30 gremios que agrupan las compañías más grandes del país.

En el evento de orden público que se adelanta en varios departamentos de Colombia, se está generando preocupación y las personas prefieren permanecer encerradas en sus hogares a la espera del desarrollo de los acontecimientos en las calles. El temor se propaga a partir de panfletos en los que ordena el cierre de establecimientos y el recogimiento de la gente. Las instituciones educativas están entre las que enviaron el personal a las casas.

Recompensa

El ministro de Defensa, Diego Molano, ha señalado que la Fuerza Pública está desplegada en zonas de influencia de la estructura criminal y detalló que ya se han realizado cinco capturas.

En los departamentos en los que se han presentado quema de vehículos y otros hechos intimidatorios a la población, las autoridades locales han realizado consejos de seguridad, con la intención de analizar la situación y mantener al personal militar en acuartelamiento.

En la tarde de este viernes 6 de mayo, en una reunión de autoridades nacionales, tanto civiles como militares realizada en Carepa (Antioquia), el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que se mantiene la recompensa, de entre 30 y 50 millones de pesos, por la información que conduzca a identificar a los promotores de los hechos violentos. Expresó, además, que según lo establecido hasta ahora, estas acciones no corresponden a un ejercicio masivo de personal armado, sino de individuos en moto, se bajan de los vehículos e intimidan a la población.

Las autoridades militares se mantienen alerta. Por esa razón, desde el Consejo Gremial, que representa al sector empresarial y productivo del país, enviaron un mensaje de apoyo a las Fuerzas Miliares y a la Policía Nacional, para que, “en el marco de sus funciones constitucionales, continúen garantizando la seguridad y trabajando por la paz del territorio”.

El Consejo Gremial Nacional también envió un mensaje de solidaridad a las familias que se han visto afectadas por la ola de terrorismo.