Con el aumento del 23% del salario mínimo, muchas empresas empiezan a organizar sus políticas financieras con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los pagos y mantener sus finanzas a flote. Una de las principales dudas de los empleados es si pueden ser despedidos por sus empleadores utilizando como causa principal el aumento emitido por el Gobierno Nacional.
Para tener más claridad en el tema, SEMANA conversó con el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, quien indicó que no es justa causa para que una persona sea despedida debido al aumento del salario mínimo.
Sin embargo, las empresas son libres de tomar las decisiones que consideren pertinentes, siempre y cuando se cumpla con todos los derechos de los trabajadores y todo se realice bajo las normativas de la ley.
“Si se toma esa decisión, se deben respetar los derechos de los trabajadores y debe estar preparado. ¿Cuál es la garantía? Pues la liquidación de las prestaciones sociales y las prestaciones laborales completas. Es decir, garantías, intereses, primas, servicios, vacaciones, indemnizaciones, etc. No es una justa causa de despido el tema económico”, señaló Jaramillo.
Junto a esto, el viceministro aclaró que, cuando a una persona no se le respetan sus derechos al ser despedida, se está incurriendo en una violación de las normas.
Además, señaló que si una persona considera que se le han vulnerado sus derechos, puede informar al Ministerio de Trabajo para que este investigue la situación.
“Un despido sin justa causa es un despido injustificado que viola todos sus derechos. Segundo, hay situaciones en las que el despido está condicionado. Tengo casos rápidos en mente, como personas con discapacidad, trabajadoras embarazadas, situaciones que generan esfuerzos en la legislación, denuncias por acoso laboral, etc. En estos casos, el despido está condicionado a una autorización que próximamente será judicial. Y lo tercero, es que en Colombia, si usted despide a un número de trabajadores, hay un despido colectivo. En este caso, se debe pedir la primera autorización a la Administración de Trabajo”, complementó Jaramillo.
Se debe añadir que una persona que considere que se le despidió de manera injusta puede acudir a la justicia laboral, para que sea esta la encargada de determinar si se presentó una vulneración de sus derechos. En el caso del Ministerio de Trabajo, señaló Jaramillo, la entidad cumple labores de investigación y sanción, pero no tiene la potestad de resolver situaciones puntuales entre empleados y empleadores.
