En materia de reforma agraria, el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella tiene en sus manos la oportunidad de corregir el rumbo e impulsar un verdadero desarrollo rural, con reglas claras, seguridad jurídica y respeto por los derechos de todos los actores que intervienen en el campo colombiano.
Nadie niega que en los últimos cuatro años el país avanzó en materia normativa a través de la Constitución, lo que difícilmente se podrá revertir. Por medio de dos actos legislativos de 2023, reconoció al campesino como sujeto especial de protección y creó la Jurisdicción Agraria y Rural. El problema está en el desarrollo legal y reglamentario.
El balance de ejecución entregado por el Gobierno Petro, que acaba de terminar, es un indicador de los retos que enfrenta el país: en materia de títulos y hectáreas distribuidas, se alcanzó apenas el 7 por ciento de la meta trazada.
“El problema de fondo no es la cantidad, sino la calidad: muchas entregas fueron provisionales, sin títulos que consoliden la propiedad. Eso genera un limbo jurídico que complica cualquier operación de crédito, inversión o desarrollo productivo sobre esas tierras”, advierte Margarita Llorente, socia de Inmobiliario de Cuatrecasas.
La preocupación y la incertidumbre son mayores porque a través del Decreto 765 de 2026 se introdujo la figura de “saneamiento automático”, que le da facultades a la Agencia Nacional de Tierra (ANT) para titular predios aunque tengan problemas de tradición; es decir, para la anterior administración fue una herramienta a fin de acelerar la reforma agraria.
“El decreto le permite a la Agencia sanear los predios que adquiere y, en el mismo acto de registro, cancelar las cargas, los gravámenes y las medidas cautelares inscritas. La norma preserva la acción indemnizatoria de los terceros, eso hay que reconocerlo, pero una entidad administrativa no puede levantar por sí sola una medida cautelar que decretó un juez. La norma habilita tomar posesión y entregar predios cuya situación jurídica todavía no está depurada. Ya fue demandado ante el Consejo de Estado, con solicitud de suspensión provisional”, ilustra Diana María Ocampo Duque, socia fundadora de Ocampo Duque Abogados.
El problema no es menor, pues no se descartan demandas y litigios, según advirtió Juan Carlos Rocha, socio del área de Inmobiliario de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU).
“Existen indicios de que el Gobierno de Petro formalizó tierras sobre inmuebles con situaciones jurídicas pendientes por resolver. Si es así, los afectados tienen plenos derechos de promover demandas de nulidad contra los actos de titulación o tomar acciones contra el Estado para la reparación de los perjuicios”, dice.
Para Llorente, “el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de corregir el rumbo: impulsar una reforma agraria que genere desarrollo rural, pero que lo haga con reglas claras, seguridad jurídica y respeto por los derechos de todos los colombianos, incluyendo a quienes invierten en el campo”.
Y esa es la línea que seguirá la administración de De La Espriella. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, señaló en una columna de opinión en SEMANA: “La reforma agraria no puede construirse sobre atajos jurídicos ni mediante la entrega anticipada de predios que podrían no cumplir los requisitos legales para su adjudicación. Muchos de estos inmuebles no han sido objeto del saneamiento jurídico correspondiente, por lo que su situación legal aún puede dar lugar a controversias. El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”.
La Jurisdicción Agraria
La otra arista está en la jurisdicción agraria y rural. El acto legislativo que le dio vida se desarrolla a través de la Ley Estatutaria 2570 de marzo de 2026, mediante la cual se establece su estructura: la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y la sección correspondiente del Consejo de Estado, los tribunales agrarios y rurales, y los juzgados agrarios y rurales.
Sin embargo, y según lo explica Amparo Rua, fundadora de Rua Abogados, las competencias materiales y los procedimientos específicos deben establecerse por medio de una ley ordinaria, que no pasó el aval del anterior Congreso de la República.
“Mientras esa regulación no sea expedida, los juzgados agrarios no podrán operar plenamente. Y esto representa una oportunidad jurídica, en tanto es probable que se presente una iniciativa distinta que corrija sus desequilibrios y atienda los diferentes cuestionamientos de la iniciativa anterior. Pero su diseño tiene que ser técnico”, subraya.
Y aquí el Gobierno de Abelardo De La Espriella también tiene cartas por jugarse. Jaime Ramírez, asociado del área de Inmobiliario de PPU, señala que, dado que la Jurisdicción Agraria es inminente en Colombia, “el reto para el nuevo Gobierno es promover una regulación clara y transparente que respete la propiedad privada y no pretenda desligar funciones de la Rama Judicial en favor del Poder Ejecutivo”.
Una reforma agraria con desafíos
En materia de reforma agraria, el país encara varios desafíos legales que, a decir de firmas de abogados, son oportunidades para el Gobierno.
Lo primero que señalan es sincerar las cifras. Según Amparo Rua, el país debe distinguir claramente entre tierras anunciadas, gestionadas, adquiridas, incorporadas al Fondo de Tierras, adjudicadas, registradas y entregadas materialmente.
Un segundo reto señalado por Diana Ocampo es “abandonar el romanticismo de la gran compra de tierras. La desproporción lo dice todo: frente a los cerca de 8 billones de pesos que costó la reforma agraria, la Agencia de Desarrollo Rural ejecutó del orden de 496.000 millones en 172 proyectos productivos para todo el campo, y el instrumento para financiar la producción en los predios entregados apenas se creó en 2025”.
Un tercer desafío que señala Juan Carlos Rocha es que la reforma agraria sea en pro del campesinado, pero aliada con la empresa.
“Sin empresa no hay agro sostenible. La sola titulación no es suficiente para que el campesino pueda promover proyectos sostenibles. Ahí es donde entra la empresa: un aliado en el proyecto productivo”, afirma.
Un cuarto reto, a decir de Margarita Llorente, es la articulación institucional. La Agencia Nacional de Tierras, el Igac y la Superintendencia de Notariado deben trabajar de manera coordinada para evitar duplicidades, tiempos impredecibles y riesgo de inconsistencia entre la información catastral y registral, entre otros.