El presidente Abelardo De La Espriella anunció una medida especial de apoyo para los comerciantes y ciudadanos afectados por el terremoto que golpeó varias zonas del país. Durante su visita a Manizales (Caldas), informó que el Gobierno nacional asumirá durante tres meses el pago de los servicios públicos de las personas damnificadas.
“Vamos a asumir desde el Gobierno nacional el pago de los servicios públicos de esas personas afectadas por tres meses, para que todos encuentren un alivio en medio de esta tragedia terrible que enluta al pueblo colombiano”, afirmó De La Espriella.
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— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 11, 2026
La iniciativa busca reducir la presión económica sobre las familias y los comerciantes que, además de enfrentar las consecuencias materiales del movimiento sísmico, podrían tener dificultades para mantener sus negocios y cubrir sus gastos básicos.
El anuncio fue presentado como una respuesta inmediata ante la emergencia y como una forma de acompañar a las comunidades mientras avanzan las labores de recuperación. El Gobierno deberá establecer los mecanismos para identificar a los beneficiarios y garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna a quienes resultaron afectados.
Otras medidas anunciadas a lo largo de la jornada
Otra decisión destacada fue el aplazamiento por un mes del pago del impuesto de renta. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció la medida, pero no entregó detalles sobre la manera en que se implementará.
El cambio representa un alivio para los contribuyentes, que debían comenzar a cumplir esta obligación tributaria el 12 de agosto, de acuerdo con el cronograma establecido por la Dian.
La decisión busca dar un mayor margen de tiempo a las personas y empresas que deben presentar y pagar su declaración de renta, especialmente en medio de la situación de emergencia generada por el terremoto. El Gobierno deberá precisar en los próximos días cómo funcionará el aplazamiento y cuáles serán los contribuyentes que podrán acogerse a esta medida.
El aplazamiento también busca evitar que los afectados tengan que asumir de inmediato una obligación tributaria, mientras destinan sus recursos a atender las consecuencias de la emergencia tras el terremoto.