Durante el foro ‘Luz Verde: acuerdos para el desarrollo’, Corficolombiana presentó un informe que muestra un preocupante panorama para los proyectos de consulta previa en el país: el 64% de ellos lleva más de tres años en trámite.
Este estancamiento termina retrasando obras clave de infraestructura, energía, gas y minería, mientras que genera sobrecostos financieros para las compañías que invierten en el país en un momento donde la tasa de inversión fija en Colombia se ubica en su nivel histórico más bajo en 60 años: 15,7% del PIB.
De acuerdo con las cifras presentadas por Corficolombiana, para 2026 se registraban 2.197 proyectos con consultas previas en proceso. Las estimaciones muestran que el 23% de ellos tarda entre uno y tres años, mientras que solo el 13% tarda menos de un año.
Asimismo, en los últimos seis años se registró un promedio anual de 283,1 nuevos proyectos en consulta previa, superando con creces el promedio de 117,7 registrado entre 2005 y 2015.
Esto mientras que la intensidad de consultas por inversión pasó de 2,5 proyectos por cada $1 billón invertido entre 2011 y 2020 a 6,4 proyectos por cada $1 billón invertido.
Además, también se registra un estancamiento de los procesos en las etapas tempranas. El 42% de los proyectos, es decir 921, continúa congelado en la etapa inicial del proceso.
Se podría pensar que la caída en la inversión y el aumento de consultas tienen una relación de causalidad directa, sin embargo, el análisis de Corficolombiana señala que la coincidencia temporal es justamente solo eso.
No obstante, señalan que la falta de certidumbre respecto al avance de los proyectos en el país puede afectar su ejecución e incluso su inversión, sobretodo en proyectos de infraestructura y energía.
Entre los factores que causan el aumento en las consultas previas y las demoras en su trámite está el vacío legislativo existente frente a las reglas y plazos luego de que Colombia adoptara el Convenio 169 de la OIT.
Por otra parte, también hay una alta concentración de consultas en regiones con necesidades básicas insatisfechas. El análisis de Corficolombiana sugiere que el mecanismo de consulta previa se utiliza en estas zonas para exigir atención sobre necesidades que el Estado no ha cubierto.
Encima de esto, también se evidencia una dinámica donde se incorporan nuevas comunidades de manera continua en medio del desarrollo de las obras.
En paralelo al aumento de consultas previas, las licencias ambientales que se expiden año a año cayeron más de la mitad en doce años a un promedio de 130. Asimismo, se evidenció que los trámites ante la Anla y las Car están tardando en promedio entre 180 y 188 días hábiles, cuando el plazo legal estipulado es de 90 días.
Ana Milena López, presidente de Corficolombiana, aclaró que agilizar los procedimientos en las consultas previas no significa eliminar las garantías de participación de las comunidades ni tampoco debilitar la protección ambiental.
Lo que se busca, entonces, es que las entidades responsables del proceso puedan verificar correctamente quienes deben participar, facilitar acuerdos y reducir duplicidades.
“Las consultas no se pueden volver una extorsión para que los proyectos se hagan”, enfatizó López.