hacienda

Alianza Verde “reencaucha” idea de Carrasquilla para aumentar impuestos a salarios altos

Esos recursos cubrirían el hueco fiscal que dejaría el desmonte del 4x1.000, si se aprueba en el Congreso.


La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el pasado martes un proyecto de ley que busca eliminar gradualmente el impuesto de 4 x 1.000, el cual fue presentado por la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda.

El proyecto contempla su eliminación de manera gradual a partir de 2023, año en el que pasará al 3 x 1.000, luego en 2024 llegará al 2 x 1.000, en 2025 se ubicará en 1 x 1.000 y desde 2026 ya no estaría vigente.

A pesar de que este impuesto recauda alrededor de $8 billones por año, la iniciativa ha sido definida como “regresiva” por parte de distintas entidades, entre ellas Asobancaria, gremio que reúne a los bancos e instituciones financieras del país.

“Durante la última década, entre 2011 y 2020, el recaudo tributario por concepto del GMF ha mostrado una tendencia creciente hasta alcanzar los $8,7 billones en 2019, para luego caer hasta los $8,1 billones en 2020 como consecuencia de la pandemia”, explica la exposición de motivos del proyecto de ley.

Sin embargo, de algún lugar tienen que salir los $8 billones que se dejarían de recaudar por medio de este impuesto, y desde la Alianza Verde se ha planteado la posibilidad de que este dinero salga de un impuesto a las grandes salarios, algo que ya había propuesto en el pasado el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien renunció en abril de este año luego de presentar una reforma tributaria impopular, pues además planteaba la posibilidad de gravar ingresos desde menos de $2 millones mensuales.

Dentro del proyecto aprobado hay un artículo que crea el “impuesto a los ingresos altos”, el cual aplicaría para las personas que tengan ingresos superiores de más de $25 millones al mes. En un principio se quería que este tributo aplicara para quienes ganaran desde $10 millones, pero los ponentes decidieron aumentarlo a $25 millones. Los montos de este tributo irían desde el 2 %.

El impuesto se recaudaría mensualmente con base en los ingresos tanto laborales como de otra índole de las personas naturales y tendría una tarifa marginal y progresiva de acuerdo con el nivel de ingresos percibido. Igualmente, tiene en consideración para la determinación de la base gravable la posibilidad de descontar de los ingresos mensuales el monto asociado al pago de la seguridad social”, dice la iniciativa.

El proyecto también incluye un artículo que estipula que el Gobierno Nacional deberá crear una Comisión de Expertos, que tendrá como objeto el estudio de la reducción del tamaño del Estado con el fin de maximizar y aumentar la eficiencia del uso de recursos públicos en materia de funcionamiento, bajo criterio de minimización del gasto público.

“Se propone crear una comisión de expertos que presente al Gobierno diferentes mecanismos para reducir el tamaño del Estado, para maximizar el uso de los recursos públicos. De este ejercicio, el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República una reforma al Estado, en la que se evidencia una reducción del gasto público de personal, reorganizando las entidades del orden nacional y mejorando su capacidad para ejecutar su objeto social”, dice la exposición de motivos.

Por otra parte, la iniciativa deroga los beneficios que dio el Gobierno a las megainversiones que realicen las empresas en el país. Con estos beneficios, según el proyecto aprobado, las empresas pagaron $40,8 billones en impuestos de renta en el año gravable de 2019.

“Sin dichos beneficios, las empresas habrían tenido que pagar $63,4 billones. La diferencia, unos $22,6 billones, es la suma de recursos dejados de cobrar y que quedaron en manos de las empresas. $22,6 billones equivalen a la tercera parte de lo que las empresas han debido pagar y que bien podrían ser similares al objetivo recaudatorio de tres reformas tributarias. Proponemos derogar los beneficios otorgados a las megainversiones aprobadas en 2019, que hoy le cuestan al país entre $6 y $9 de billones”, dice el proyecto.