En 2025, Colombia completó cinco años consecutivos sin cumplir la meta de inflación. Si bien el año pasado este indicador se ubicó en 5,1%, apenas 10 puntos básicos por debajo del nivel de 2024, sigue en un nivel inadecuado y en 2026 en vez de seguir bajando volvería a subir por cuenta del incremento de 23 % en el salario mínimo.
El centro de pensamiento Anif aseguró que ese ajuste salarial abre la puerta a un nuevo repunte inflacionario, impulsado principalmente por los mecanismos de indexación, los cuales consisten en actualizar de forma automática precios y tarifas con base en la inflación pasada o en el salario mínimo.
Aunque el aumento anual que se realiza al salario mínimo busca preservar el poder adquisitivo, en un contexto de inflación elevada termina amplificando las presiones sobre los precios. Así, en 2026, múltiples rubros de la canasta de consumo se ajustarán cerca del 5,1%, reflejando la inflación de 2025. Entre ellos están los arriendos, matrículas educativas, peajes, servicios públicos domiciliarios, planes de conectividad, cuotas moderadoras de salud, tiquetes aéreos y algunas transferencias monetarias del Gobierno.
El caso de los arriendos es especialmente sensible. La Ley 820 de 2003 permite que el canon se incremente una vez al año y hasta en 100% del IPC causado del año anterior, lo que significa que millones de hogares sentirán el impacto de manera inmediata en su presupuesto mensual. Dado el peso del gasto en vivienda dentro del consumo, este ajuste suele trasladarse rápidamente a la inflación general.
A esas alzas se sumarán las que están atadas al aumento del salario mínimo, que incide de manera directa en los servicios intensivos en mano de obra. Restaurantes, transporte público, peluquerías, servicios de aseo y vigilancia, cuidado personal, servicio doméstico y consultas médicas particulares enfrentarán incrementos significativos en sus costos, los cuales tenderán a trasladarse a los precios finales.
Uno de los efectos más críticos se observa en la vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), cuyos precios máximos están definidos en salarios mínimos. Con el aumento del 23%, el techo de la VIS sube hasta 262,6 millones de pesos y el de la VIP hasta 157,6 millones. Las familias con contratos pactados en salarios mínimos verán incrementos automáticos en el valor a pagar, incluso si el Gobierno avanza en intentos de desindexación.
De acuerdo con el análisis de Anif, el traslado de estos aumentos a los precios se concentrará en el primer semestre de 2026, lo que llevaría la inflación por encima del 5,1% actual y complicaría en el corto plazo el retorno al rango meta, que es entre 2% y 4%.
Vale la pena recordar que la inflación también es conocida como “el impuesto de los pobres” porque, aunque no es un tributo formal decretado por el Estado, afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos, reduciendo su poder adquisitivo y su bienestar.
