Hace algunos minutos, el Consejo Gremial Nacional, en cabeza de su presidente Camilo Sánchez, se pronunció a través de una carta dirigida a la Corte Constitucional, en la que solicita la suspensión provisional de los efectos del decreto de emergencia económica, que es el 1390 de 2025, el cual declaró este estado en un periodo de 30 días.
En la comunicación, además, solicitaron la suspensión de los decretos legislativos que se expidieron a través de esa declaratoria, en los que se encuentran los nuevos impuestos que buscan recaudar el faltante del presupuesto, que desencadena además la situación.
Sánchez pidió que se declare la suspensión provisional para impedir que se dé un uso abusivo de los poderes de excepción y que socave el orden constitucional, además del principio democrático y la separación de poderes.
Entre los argumentos expuestos en la carta, se precisa que el artículo 215 de la Constitución Política permite declarar el estado de emergencia únicamente cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país.
Aunque el argumento del Gobierno Nacional es que existe una grave situación fiscal atribuida a hechos como el incumplimiento de decisiones judiciales, además de la situación de orden público, la no aprobación de proyectos de reforma tributaria, endeudamiento, restricciones de caja, entre otros argumentos.
Sin embargo, el Consejo precisa que estos hechos no cumplen con los criterios de realidad exigidos por la ley.
El documento precisa que las circunstancias de las que habla el Gobierno y que usa como argumento son preexistentes y estructurales. Además, señalan que la caída de la tributaria no puede ser considerada un hecho que habilite la declaratoria de emergencia.
El Consejo Gremial indica en su misiva que el decreto sería manifiestamente inconstitucional, pues no supera los presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia exigidos para tomar este tipo de medidas.
