Desde hace poco más de un año, el presidente Gustavo Petro se ha referido en varias ocasiones a la idea de llevar a cabo una asamblea constituyente, que buscaría reformar la Constitución Política de 1991 y con ello crear una nueva constitución con cambios en el país. Esto ha movido a distintos sectores políticos, que califican como peligrosa la iniciativa y aseguran que iría en contravía de la democracia.
Hace poco se publicó el documento formal de los cambios que se harían con la constituyente y hubo uno que preocupó bastante y generó polémica. Se trata del apartado del modelo económico, pues allí se habla de que la Constitución del 1991 favorece un modelo de economía de libre mercado, con políticas de corte neoliberal que han tenido manifestaciones como la privatización de empresas públicas, la cesión de la prestación de servicios públicos esenciales a particulares, y la entrega de la contratación estatal al sector privado.
Aseguran además que el país requiere un nuevo modelo económico, por lo que “se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria”. Aseguraron además que en el debate constituyente, se buscaría “complementar el mandato del Banco, sin desnaturalizar su autonomía técnica, con una obligación constitucional de contribuir, dentro de su esfera de competencias, a los objetivos de crecimiento económico sostenible”, indica el documento.
Ante esta propuesta, SEMANA habló con varios expertos sobre la idoneidad de intervenir el Banco de la República.
“Cambiar la Constitución para redefinir el modelo económico y el rol del banco central no un asunto técnico ni neutro: es una apuesta de alto riesgo institucional”, Carolina Soto
Uno de estos expertos fue Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República y exviceministra general de Hacienda y Crédito Público.
En entrevista con esta casa editorial, aseguró que existe un problema con la propuesta de intervenir el Banco, que radica en que exista un cambio en el modelo económico. Asegura que tras el acuerdo de paz con las Farc, uno de los puntos clave era preservar las alianzas público-privadas para la provisión de bienes y servicios.
“Este modelo ha permitido avances significativos en materia económica y social y una profunda transformación del país en los últimos 30 años, aunque persisten desafíos importantes en inclusión social, informalidad y productividad”, aseguró.
Indica que el modelo actual colombiano ha reducido la inflación elevada y persistente —que promedió cerca de 20 % en las décadas de los ochenta y noventa— a niveles de un solo dígito durante la mayor parte del siglo XXI, con la excepción del choque inflacionario de 2022. Dicho resultado en parte fue gracias a la autonomía y capacidad técnica del Banco de la República.
“Modificar ese mandato en una economía como la colombiana —con un mercado laboral estructuralmente fragmentado, una informalidad superior al 55 % y donde cerca del 75 % de los trabajadores informales gana menos de un salario mínimo— implicaría retirar una de las pocas protecciones macroeconómicas que hoy benefician directamente a la población más pobre”, agregó.
Finalmente, detalló que la estabilidad macroeconómica ha sido uno de los principales activos del país frente a inversionistas, hogares y empresas, en buena parte gracias a la autonomía del Banco de la República y a la credibilidad de su política monetaria.
El resultado de aprobar una propuesta como el cambio de modelo económico en la asamblea constituyente implicaría directamente un aumento en la percepción de riesgo país, mayores primas de riesgo y mayores costos de financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado.
Indicó que esto agravaría la situación fiscal, restringiría la inversión, afectaría el crecimiento económico y, en última instancia, debilitaría las posibilidades de mejorar el bienestar social que la reforma dice querer promover.
“Cambiar la Constitución para redefinir el modelo económico y el rol del banco central no es, por tanto, un asunto técnico ni neutro: es una apuesta de alto riesgo institucional cuyos costos potenciales recaerían, paradójicamente, sobre aquellos que se busca proteger”, precisó.
“La salida de capitales también es un riesgo latente”: experto macroeconomista
En línea con ello, otro experto macroeconomista, quien pidió expresamente mantenerse en el anonimato, detalló que con la iniciativa se podría acabar directamente con la autonomía del Banco de la República, pues Colombia tiene un régimen actual de banco independiente.
Adicional a ello, indicó que el actual Gobierno no ha logrado tener mayorías en el banco central, lo que lo ha movido a virar hacia otros lados y analizar cómo poder cambiar el banco desde adentro.
Indica que el panorama actual imposibilita que el banco baje las tasas, con el actual déficit fiscal, pues de inmediato esto provocaría la salida de capitales, que deterioraría aún más y en mayor gravedad, el panorama fiscal.
“Los desafíos del país no requieren una nueva Constitución, sino mejores políticas públicas, ejecución eficaz y liderazgo responsable dentro del marco institucional que ya existe”, José Manuel Restrepo
Por su parte, el exministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, indicó que esta propuesta de constituyente parte de falsos dilemas y de un diagnóstico equivocado.
“La Constitución de 1991 no consagra un modelo neoliberal ni un esquema de libre mercado irrestricto; por el contrario, es deliberadamente abierta y flexible, y establece una economía social de mercado al servicio del ciudadano, donde coexisten la iniciativa privada, la función social de la empresa y la intervención del Estado para corregir fallas, garantizar derechos y promover el interés general”, agregó.
Además aseguró que siempre, por ley, se podrán ajustar decisiones de política pública dentro del marco vigente, sin necesidad de reescribir la Constitución ni convertirla en un instrumento ideológico.
Restrepo aseguró que resulta problemático plantear un falso dilema entre fortalecer la economía popular y limitar la economía privada productiva, o entre estabilidad monetaria y desarrollo social.
“La evidencia internacional muestra que los países más inclusivos combinan Estado fuerte, sector privado dinámico y reglas macroeconómicas creíbles. En ese sentido, la autonomía del Banco de la República ha sido un pilar de estabilidad, protección del ingreso real y confianza económica, especialmente para los más vulnerables”, comentó.
Detalló además que introducir en la Constitución definiciones rígidas sobre el rol productivo del Estado o subordinar la política monetaria a objetivos coyunturales no resolvería los problemas de empleo y productividad; por el contrario, aumentaría la incertidumbre.
