Los recursos de regalías vuelven a estar bajo la lupa. Durante una jornada de inspección en Sabanalarga, Atlántico, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) identificó inconsistencias técnicas, diferencias entre avances reportados y ejecución real, además de posibles riesgos sobre millonarios recursos públicos destinados a infraestructura financiada mediante el Sistema General de Regalías.

La revisión fue liderada por la directora del DNP, Natalia Irene Molina Posso, quien inspeccionó cuatro proyectos aprobados desde marzo de 2022 que, en conjunto, superan los $24.000 millones en inversión y que actualmente presentan señales de retrasos, deterioro, obras inconclusas y actividades reportadas pero no evidenciadas físicamente durante las visitas técnicas.
Uno de los proyectos inspeccionados corresponde a la construcción de redes y estructura del sistema de alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, iniciativa valorada en aproximadamente $4.899 millones y diseñada para beneficiar a 15.438 habitantes.
Aunque oficialmente aparece registrada como obra en ejecución, el equipo técnico del DNP concluyó que el avance físico observado es considerablemente inferior al reportado.
Según la directora de la entidad, mientras los registros oficiales muestran avances cercanos al 70%, las visitas técnicas sugieren que la ejecución real rondaría apenas el 30%, pese a registrar avances financieros cercanos al 90%.
“Estamos visitando en Sabanalarga estas obras de regalías que son inconclusas hace muchos años, que tienen problemas, para ver qué medidas administrativas nosotros podemos tomar frente a la protección de los recursos o también de asistencia técnica a los municipios, en el caso en que haya verdadera voluntad de culminar las obras”. Afirmó la directora del DNP.

La inspección también alcanzó la remodelación urbanística y paisajística de la Plaza Central de Sabanalarga, proyecto financiado con cerca de $3.316 millones y concebido para beneficiar aproximadamente 103.040 habitantes.

Durante la visita se identificaron losetas desprendidas, grietas estructurales y deterioro prematuro en varios componentes de la obra, pese a encontrarse oficialmente en ejecución desde 2022.
Otro de los proyectos evaluados corresponde a la canalización de arroyos urbanos financiada con más de $10.759 millones, donde el DNP aseguró haber encontrado actividades reportadas como ejecutadas que no fueron observadas físicamente, generando riesgos sobre recursos cercanos a $789 millones.
La jornada también incluyó obras de pavimentación urbana financiadas con aproximadamente $1.399 millones, donde se evidenciaron tramos sin intervenir, ausencia de frentes activos de trabajo y diferencias entre las metas contratadas y la ejecución encontrada en terreno.

El episodio revive nuevamente el debate sobre vigilancia, seguimiento y efectividad del sistema de regalías. Aunque estos recursos fueron diseñados para cerrar brechas territoriales y financiar infraestructura regional, los hallazgos vuelven a mostrar las dificultades que persisten para garantizar ejecución eficiente y control efectivo sobre recursos públicos.
Desde el DNP aseguraron que continuarán trabajando junto con organismos de control para determinar responsabilidades, fortalecer supervisión territorial y evitar que proyectos financiados con recursos públicos terminen convertidos en obras inconclusas o inversiones de bajo impacto para las comunidades.
