Colombia avanza hacia una economía con menor uso de efectivo, impulsada por la expansión de los pagos digitales. Sin embargo, la transición plantea interrogantes sobre la inclusión financiera, los costos para los comercios y la capacidad de respuesta ante fallas tecnológicas.
En octubre de 2026, Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, contaba con más de 116 millones de llaves registradas entre más de 32 millones de clientes, con un promedio de 3,2 llaves por cliente. A su vez, el 85 % de las operaciones financieras del primer semestre se realizaron por canales no presenciales, según la Superintendencia Financiera.
Para Juan Carlos Higueras, vicedecano de EAE Business School, una economía cashless puede agilizar los pagos, descentralizar las transacciones y simplificar la gestión financiera de las empresas. No obstante, sus beneficios dependen de la disponibilidad de infraestructura digital y del acceso de la población a estos servicios.
“De lo contrario, no se puede hablar de una democratización del dinero”, advierte el experto, quien señala que la falta de conectividad, los conocimientos digitales insuficientes y las limitaciones de infraestructura pueden convertirse en barreras para determinados grupos de consumidores.
Las pequeñas y medianas empresas también pueden beneficiarse de esta transformación mediante el acceso a información sobre patrones de consumo, que facilita ajustar sus ofertas y llegar a nuevos clientes sin depender necesariamente de un establecimiento físico.
Sin embargo, adoptar estos medios implica costos por comisiones, dispositivos y servicios de intermediarios tecnológicos. Estos gastos pueden presionar los márgenes de los negocios más pequeños, por lo que una eliminación prematura del efectivo podría generar dificultades tanto para los comercios como para los consumidores.
Otro riesgo es la dependencia de la infraestructura tecnológica. Las interrupciones del servicio de internet, las fallas eléctricas, las caídas de plataformas bancarias y los ataques informáticos podrían impedir temporalmente las transacciones si no existen alternativas disponibles.
A esto se suman los desafíos de seguridad y privacidad. Aunque los sistemas digitales permiten mejorar la trazabilidad de los movimientos y facilitar la detección de fraudes y operaciones ilícitas, también exponen a usuarios y empresas a riesgos asociados con los ciberdelitos y el manejo de sus datos.
Ante este panorama, Higueras considera que “Colombia debe avanzar hacia una economía menos dependiente del efectivo, pero no debemos confundir la digitalización de los pagos con la modernización de la economía. El objetivo no debería ser conseguir una economía que utilice cero efectivo, sino una en la que las personas y las empresas puedan elegir medios de pago eficientes sin que esa elección dependa de su nivel socioeconómico o capacidad tecnológica.