El Gobierno de Abelardo De La Espriella decidió aplazar la conformación definitiva de las Juntas de Calificación de Invalidez y ordenar una revisión independiente del concurso que buscaba seleccionar a sus nuevos integrantes. La medida fue adoptada luego de que se conocieran denuncias, reportes ciudadanos y decisiones judiciales relacionadas con el proceso, que ya había sido cuestionado por algunos aspirantes y miembros actuales de estas entidades.
El Ministerio del Trabajo informó que expidió la Resolución 2714 del 24 de agosto de 2026, mediante la cual aplazó por 20 días hábiles la conformación y publicación definitiva de las listas de elegibles de la Junta Nacional y las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. El objetivo será verificar integralmente el proceso y garantizar que su etapa final se desarrolle con garantías para los participantes.
La revisión abarcará la trazabilidad de las decisiones de admisión y exclusión, los registros técnicos de las pruebas virtuales, la custodia de los contenidos de evaluación, el cumplimiento de órdenes judiciales y los posibles conflictos de interés o accesos a información no pública.
La decisión representa un nuevo capítulo en un concurso que ya había generado controversia. En la etapa anterior, integrantes de las juntas cuestionaron la convocatoria por los tiempos establecidos y por la falta de una regulación legal específica para su conformación. También hubo reclamos de aspirantes relacionados con las dificultades para inscribirse y con las pruebas virtuales, sobre las que se señalaron posibles errores en algunas preguntas, fallas de la plataforma y eventuales filtraciones.
El proceso había sido convocado mediante la Resolución 1061 de 2026 y operado técnica y operativamente por la Universidad de Pamplona, según el Ministerio.
Frente a esto, Natalia Eugenia López Fuentes, ministra de Trabajo, afirmó que “cuando existen alertas, nuestra obligación es verificarlas antes de tomar decisiones definitivas. Estamos protegiendo los derechos de quienes participaron y asegurando que el resultado de este concurso tenga la legitimidad y las garantías que merece el país”.
El Ministerio sostuvo que la revisión no significa la cancelación del concurso. Tampoco modificará los puntajes ni excluirá aspirantes. Durante los 20 días hábiles no se realizarán designaciones ni posesiones derivadas del proceso.
Además, aclararon que la decisión no afecta la atención de los usuarios. Tanto la junta nacional como las juntas regionales continuarán funcionando y sus actuales integrantes seguirán prestando sus servicios bajo las disposiciones vigentes.
La Secretaría General del Ministerio coordinará la revisión, con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica y personal técnico independiente. Al finalizar, deberá presentar un informe que servirá para definir las acciones necesarias para continuar con la etapa final del concurso.
Así, el Gobierno busca despejar los cuestionamientos antes de publicar las listas definitivas y avanzar en la selección de quienes integrarán estas entidades clave para el sistema de seguridad social.