Gobierno expidió decretos para el incremento salarial de servidores públicos: este fue el porcentaje del aumento

La semana anterior se anunció la conclusión de la negociación del Acuerdo Nacional Estatal, a través de la cual participaron todas las centrales obreras del país y en la que hubo reuniones por casi 40 días, en las que se acordaron los aumentos salariales de los servidores públicos correspondientes a 2021 y 2022.

Tras los anuncios, el Gobierno nacional expidió este lunes los 27 decretos con los que se reglamenta y se hace oficial el aumento de salarios, que para la vigencia de 2021 es de la inflación total causada en 2020, certificada por el DANE en el 1,61 %, más un punto porcentual, lo que representa un incremento total del 2,61 %, el cual se pagará con retroactivo al primero de enero de 2021.

Para el año 2022 se acordó un aumento salarial correspondiente al crecimiento porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total en el año 2021, certificado por el DANE al 31 de diciembre, más un 1,64 %, el cual regirá a partir del 1.° de enero de 2022.

“El gobierno del presidente Duque negocia y habla con todos los representantes de los trabajadores. Hoy expedimos 27 decretos en beneficio de los servidores públicos del país y este Gobierno terminará cumpliendo hasta donde nos sea posible, lo que se acordó en la negociación”, expresó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en la firma de los decretos.

Con la expedición de los decretos, las entidades públicas podrán actualizar su Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), la destinación presupuestal para poder realizar el pago de los salarios con el ajuste y el retroactivo correspondiente desde el primero de enero de 2021.

Según la cartera de trabajo, estos decretos se aplican para todos los servidores del orden nacional de las tres ramas del poder público (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) incluidos militares, docentes, además de los órganos autónomos y organismos de control del Estado.

“Por su parte, en las entidades públicas del orden territorial se fijan los topes máximos correspondientes para que las autoridades competentes incrementen el salario a sus servidores”, se precisó desde el ministerio.

Además, en cada acto administrativo se especifican las condiciones de reajuste por cada funcionario del Estado colombiano, donde se tiene en cuenta la condición individual de cada grupo de funcionarios públicos, reiterando que para este año el pago será retroactivo.

“Una negociación que conlleva beneficiar a más de un 1,2 millones de servidores públicos. Esto significa lograr un acuerdo con todas las centrales del país. Cerca de 1.200 puntos se discutieron en 40 días de negociación. Cada dos años se realizan estos acuerdos, pero dadas las circunstancias del país, este acuerdo es de importancia para todos nosotros”, agregó Cabrera.

En estas mesas de negociación se estudiaron y se lograron acuerdos también en sectores como educación, género, ambiente, relaciones exteriores, gobierno, defensa, trasporte y justicia.

Otros de los acuerdos fijados fueron:

- Comisión para estudiar reducción de jornada laboral de servidores públicos: estará conformada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo.

- Mesas técnicas para el pago de obligaciones de las empresas sociales del Estado e implementación de nuevo régimen de carrera administrativa: surge a partir de la caracterización de las deudas y de los mecanismos de reconocimiento y pago de las obligaciones. Así mismo, el Gobierno nacional, con la participación de las organizaciones sindicales firmantes, propondrá un nuevo régimen especial de carrera administrativa para las empresas sociales del Estado, así como presentará e impulsará un proyecto de ley que le brinde facultades transitorias al Ejecutivo para tal efecto.

- Directrices para implementación de jornadas flexibles a servidores públicos: el Gobierno nacional expedirá una directriz para las entidades del orden nacional, territorial y órganos de control para implementar jornadas flexibles, dentro del marco legal establecido en la ley para la jornada laboral, con el fin de generar conciliación entre la vida laboral y personal para garantizar la salud mental y física de los empleados públicos.