Ecopetrol y sus filiales serán sin duda uno de los puntos focales hacia los cuales dirigirá la mirada el gobierno de Abelardo De La Espriella, quien ya habló de una reactivación total del sector hidrocarburos, para lo cual se emitirán decretos –incluso– desde el primer día de mandato.
El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, también se refirió al tema y evidenció la relevancia que le darán: “El petróleo tiene que volver a ser un orgullo para Colombia”. De hecho, mencionó que buscarán devolverle a Ecopetrol su funcionalidad y su capacidad de operar, pues, a su juicio, lo sucedido con la compañía en el Gobierno saliente “es un caso de destrucción de valor”.
Ecopetrol tiene 120 sociedades subordinadas y una de las más visibles es Cenit, encargada de transportar el 90 por ciento del crudo producido en el país mediante una red de cerca de 9.000 kilómetros de oleoductos y poliductos.
Si Ecopetrol es la principal empresa del país y una fuente clave de ingresos para el Estado, Cenit constituye uno de sus motores financieros. Por eso, revisar cualquier fuga de recursos en ambos frentes debería ser una prioridad.
Mucho se habla por estos días de que el alto precio del petróleo, por el escalamiento del conflicto en Oriente Medio, con la amenaza latente de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, favorece a Ecopetrol. Pero a la par con ese mayor precio también se suben las pérdidas que dejan las venas rotas por donde se escurre el oro negro en Colombia.
El robo de hidrocarburos es una de esas fugas. En 2025 dejó pérdidas acumuladas por 81 millones de dólares y este año la tendencia se mantiene. Alexander Cadena, presidente de Cenit, advierte que cada año se hurtan 700.000 barriles de combustibles, equivalentes a un día de producción. “Es mucho”, lamenta.
Si el precio del petróleo sobrepasa los 85 dólares por barril, con las pérdidas por apoderamiento ilegal de combustibles, el hueco se está volviendo un cráter, con un agravante más, y es que, en 2026, se registra un aumento en la demanda de hidrocarburos por parte de las economías ilegales.
Según expresa Cadena, el direccionamiento del combustible robado ya no es solo hacia el contrabando y el narcotráfico, sino hacia la minería ilegal, debido al apetito que despertó en la delincuencia el alto precio del oro. De ahí que ahora se haya duplicado el hurto de combustibles refinados, principalmente el diésel, que lo utilizan en las máquinas amarillas para la excavación subterránea de áreas ricas en el mineral.
Válvulas del mal
Para robar los hidrocarburos, los grupos armados, que, según afirma Cadena, cada vez son más –el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc–, instalan las famosas válvulas, lo que provoca un impacto adicional en términos de detrimento de recursos públicos.
En 2025 se detectaron 665 conexiones ilícitas, la mayoría instaladas en poliductos para extraer combustibles refinados, no crudo. En lo corrido de 2026 ya se registran 432 casos, también concentrados en esa infraestructura. “El impacto para el Estado es enorme, porque el hurto de combustibles lo asume principalmente Ecopetrol, mientras Cenit cubre las reparaciones, lo que afecta la rentabilidad de la compañía”, explica Cadena.
Como las zonas más críticas de robo de hidrocarburos están ubicadas en selvas y montañas, se requiere una logística costosa para el desplazamiento de la Fuerza Pública y los equipos técnicos para hacer las reparaciones.
Otro de los impactos económicos que refiere Cadena es el de la confiabilidad, que lleva a la pérdida de ingresos, pues los usuarios del transporte de combustibles buscan una alternativa para evitar quedarse sin abastecimiento. “Las conexiones ilícitas obligan a suspender bombeos, retirar válvulas ilegales y realizar intervenciones de emergencia, reduciendo la disponibilidad de la infraestructura de transporte”, argumenta el presidente de Cenit.
#Economía | Precio internacional del crudo, tasa de cambio e inflación han impactado los resultados, presidente de Ecopetrol.https://t.co/kwzAmL5te8
— Revista Semana (@RevistaSemana) July 13, 2025
En suma, solo en este delito se restan números por cuenta del valor del hidrocarburo hurtado, los costos de reparación de infraestructura, la atención de emergencias y contingencias, las pérdidas por indisponibilidad operacional y los costos judiciales y de seguridad. Pero lo irreparable son las pérdidas humanas, principalmente de uniformados, como ya ha sucedido.
Cadena también agrega otro costo que es muy difícil de cuantificar, y es el ambiental. “Tuvimos un caso de extracción ilegal de combustible que fue detectado y, al llegar la Policía, arrancaron la válvula provocando un fuerte derrame de crudo”.
Cierres de oleoductos
Los delitos contra los hidrocarburos han conducido al cierre de oleoductos y poliductos, como Caño Limón Coveñas, blanco frecuente de atentados terroristas, voladuras y válvulas para hurto de combustible. Sucedió algo similar con el Oleoducto Trasandino (OTA), suspendido por una orden de la Corte Constitucional, tras llegar a registrar el 81 por ciento de las conexiones ilícitas en el país. Además de producir graves daños ambientales e impacto negativo en comunidades indígenas como los Awá.
Los hidrocarburos no se dejan de sacar, pero tienen que dar una vuelta más larga para salir a sus destinos, a través de los oleoductos Bicentenario y Ocensa (Oleoducto Central).
La factura del contrabando
Y el robo de combustibles, además de ir a parar al narcotráfico y a la minería ilegal, también se enruta hacia el contrabando. El año pasado fue destapado un entramado para el robo de crudo a través de válvulas ilegales, que luego le vendían al dueño, Ecopetrol.
La delincuencia, que en este caso es toda una industria criminal, va más adelante que el Estado: si hay drones, ellos buscan antidrones más sofisticados. Es decir, en la ilicitud con la industria extractiva ha habido de todo. Fue así como, durante las restricciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, le tenía a Venezuela, el contrabando de petróleo hizo lo suyo. Traían el combustible del vecino país, lo mezclaban con el robado y lo sacaban como si hubiera sido producido en Colombia, según contó Cadena.
Pulso con el Fracking
El fracking, la técnica de perforación del subsuelo para extraer gas y petróleo de fuentes no convencionales, es otra de las oportunidades perdidas en Colombia que también pasa factura, según algunos analistas. Y no solo porque no se haya realizado, sino que, además, según dijo el expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, resolvería el déficit de gas que tiene el país en corto tiempo. También por los nuevos costos que pueden sobrevenir.
El nuevo Gobierno se ha mostrado partidario de implementarlo para reactivar la economía y el sector de hidrocarburos, lo que el mandatario electo condiciona al uso de tecnología de punta para minimizar efectos ambientales.
El Gobierno saliente, por su parte, se alista para insistir en un proyecto de ley para prohibirlo. Lo cierto es que, probablemente, se tendría que recorrer de nuevo el camino que ya se había andado, pues el país tendría que hacer otra vez los proyectos piloto de investigación, que fueron estructurados para evaluar la viabilidad de la técnica. Una fuga más con el oro negro.
