Faltan pocas semanas para que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, asuma el poder y para que el Gobierno de Gustavo Petro llegue a su fin. Durante las últimas semanas y tras el resultado publicado y ratificado por la Registraduría y el CNE, el nuevo mandatario ha venido adelantando una serie de nombramientos en distintas carteras. Una de las designaciones que más sonó fue la de Elsa Noguera, como ministra de Transporte.
Durante los últimos días, la funcionaria entrante ya ha iniciado una serie de conversaciones para lograr nuevos acuerdos y para conocer el estado real de la infraestructura en todo el país. Con ello busca identificar los obstáculos actuales que tienen las obras y comenzar un plan de reconstrucción de los proyectos prioritarios que necesita el país.
La agenda que sostuvo Noguera estuvo marcada por una reunión con el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hudson, además de encuentros con directivos de la Contraloría General de la República; con la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo; con la junta directiva de ese gremio; y con representantes de los principales gremios del transporte terrestre, entre ellos ACC, Colfecar, Fedetranscarga, Fedetranscol, Fencarga, Patranscol, Acoltés, Aditt, Asotrans y el Consejo Superior del Transporte.
Dichas reuniones dejaron ver las principales prioridades que tiene el país, no solo en infraestructura vial, sino también férrea, aeroportuaria y logística. Además busca fortalecer la cooperación internacional, identificar las alertas sobre proyectos estratégicos.
Adicional a ello, buscan construir el nuevo Plan Maestro de Transporte Intermodal, que luego se convierta en una política de Estado. También buscan escuchar de primera mano las preocupaciones del sector frente a la inseguridad en las vías, los bloqueos, la extorsión, la quema de vehículos, el exceso de trámites y la pérdida de competitividad.
Noguera afirmó que sus esfuerzos están puestos en recuperar la confianza en el sector, destrabar las obras paralizadas, agilizar los procesos administrativos, proteger a los transportadores y convertir la infraestructura en un verdadero motor de crecimiento económico.