El sistema de salud colombiano no solo enfrenta una crisis financiera y operativa, sino también un deterioro de la confianza que dificulta la llegada de nuevas inversiones y actores privados, de acuerdo con un análisis de Felipe Carrizosa Restrepo, de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (Codess).
El documento advierte que actualmente no existe un ambiente estimulante para invertir en el sector, pese a que la creciente demanda de servicios de salud debería convertirlo en un destino atractivo para el capital. La inestabilidad de las reglas, las dudas sobre la objetividad de las decisiones oficiales y la desvalorización del papel de los privados han reducido el interés de posibles inversionistas.
El deterioro financiero de las EPS refleja la magnitud del problema. El patrimonio agregado de estas entidades, sin incluir a Nueva EPS, pasó de un saldo negativo de 260.000 millones de pesos en 2021 a uno de 18,72 billones de pesos en mayo de 2026. La siniestralidad del Plan Básico de Salud, que mide cuánto representan los gastos médicos frente a los ingresos disponibles, superó el 100 % desde 2022 y llegó a 102,37 % en mayo de 2026.
Según el análisis, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha obligado a los propietarios y accionistas de EPS e IPS a cubrir con sus propios recursos parte de los desequilibrios acumulados. Incluso si en 2027 se fijara una UPC suficiente, persistiría la incertidumbre sobre si el sistema reconocerá los recursos aportados para compensar los déficits de los últimos años.
Esta situación ha tenido efectos sobre toda la cadena: deudas con hospitales y clínicas, cierre de servicios, retrasos en los pagos al personal médico, problemas en la entrega de medicamentos y obligaciones pendientes con las farmacéuticas. El documento de Codess señala que más de 4.100 IPS han cerrado en los últimos años.
La falta de confianza también se evidencia en los intentos de algunas EPS por retirarse del sistema. En 2024, dos entidades solicitaron su liquidación o un desmonte progresivo, pero las peticiones fueron rechazadas o limitadas por la Superintendencia de Salud. Además, una intervención ordenada ese mismo año fue anulada posteriormente por la Corte Constitucional por incumplimiento del debido proceso.
Para Carrizosa, recuperar el sector exige restablecer la colaboración entre el Estado y los privados, garantizar reglas estables y reconocer que la participación empresarial es necesaria para financiar, gestionar y ampliar la prestación de los servicios. Sin esas condiciones, será difícil atraer nuevos capitales y evitar que los actores actuales continúen buscando su salida.