¿Quiénes son los responsables de que Colombia perdiera el grado de inversión?

Colombia duró 10 años siendo considerado como país con grado de inversión por parte de las tres calificadoras de riesgo, Fitch Ratings, S&p Global Ratings y Moody’s Investors Service, pues desde 2011 el país era resaltado por su manejo macroeconómico y la estabilidad de sus finanzas.

Si bien el país logró mantener el grado de inversión por una década, el deterioro de las cuentas fiscales es un problema que ya venía desde años atrás y al cual no se le pudo dar una solución estructural.

La llegada de la pandemia del coronavirus exacerbó los problemas fiscales que tenía Colombia, y la imposibilidad de implementar soluciones definitivas hizo que S&P y Fitch rebajaran la calificación del país y le quitaran el grado de inversión.

Ahora que el país está nuevamente en grado especulativo, y a tan solo un año de las elecciones legislativas y presidenciales, algunos sectores están usando la rebaja en la calificación como carta política para atacar la gestión económica del gobierno Duque, mientras que otros sostienen que las marchas sociales y la oposición son los responsables.

Lo cierto es que el deterioro de las cuentas fiscales de Colombia es un problema que venía desde años atrás y sobre el cual no hubo un consenso para intentar resolver. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que Colombia perdiera el grado de inversión?

El papel del Gobierno

Sin duda alguna, los gobiernos que ha tenido Colombia desde 2011 en adelante han tenido responsabilidad en la pérdida del grado de inversión, pues fueron incapaces de sacar adelante reformas fiscales estructurales que estabilizaran las cuentas del país.

Y es que el deterioro de las cuentas fiscales del país se empezó a dar con la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2015. Pasaron más de seis años y Colombia no se pudo recuperar completamente del choque.

“En los últimos años, Colombia ha tenido que sufrir unos choques que son parte de la razón por la cual terminamos perdiendo el grado de inversión. El punto de inicio es el choque en 2014-2015 con la caída del precio del petróleo. Esto comienza a desajustar un poco las cuentas fiscales de Colombia y más adelante tocó hacer una reforma tributaria para intentar compensar la caída de los precios del crudo”, dijo el estratega jefe para América Latina de la firma XP Investments, Andrés Pardo.

Este descenso en los precios del petróleo le provocó a Colombia una caída en los ingresos, que tuvo que ser compensada con la reforma tributaria de 2016 en la que se aumentó la tarifa del IVA desde el 16 % al 19 %.

Sin embargo, esta reforma no trajo consigo una solución estructural al problema de la falta de ingresos y altos niveles de gastos, y las calificadoras de riesgo empezaron a advertir que Colombia necesitaba algo más estructural para reducir el endeudamiento y bajar el déficit fiscal.

Colombia se ha caracterizado por ser un país en el que, en promedio, cada dos o tres años se hace una nueva reforma tributaria que soluciona los problemas de manera parcial, pero que no tiene iniciativas de fondo.

De hecho, entre 2002 y el 2021 se han llevado a cabo 10 reformas tributarias que serán 11 con la que presente este gobierno el próximo 20 de julio.

“Nunca fuimos capaces de sacar adelante una reforma estructural para cerrar esa brecha fiscal y lo que hizo el covid fue ahondar el problema. Desde lo técnico la responsabilidad es de hace mucho tiempo, de los gobiernos de no hacer la reforma debida”, dijo el economista jefe del Banco Agrario, Fabio Nieto.

Esa imposibilidad de sacar adelante las reformas por parte de los distintos gobiernos, hizo que las cuentas del país estuvieran frágiles al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus.

“Este es un tema de los últimos 10 años, si se hubieran puesto las pilas y se hubieran hecho las reformas estructurales que tocaba hacer en su momento, sin meterle tanto populismo, es posible que las crisis nos hubieran cogido en una mejor posición y que de pronto no hubiéramos llegado al punto de perder el grado de inversión”, dijo Pardo.

Si bien las reformas tributarias suelen generar el rechazo de la ciudadanía en general, la falta de comunicación del Gobierno sobre estos proyectos (sobre todo con la última reforma que presentó Alberto Carrasquilla), también generó malestar en la opinión pública.

Al respecto, el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que la pandemia fue la principal responsable de la rebaja en la calificación del país.

“La pérdida del grado de inversión es el resultado del esfuerzo gigantesco que se necesitó en materia fiscal para mitigar el impacto de la pandemia, que multiplicó por tres el déficit fiscal en 2020 y que elevó en 15 puntos porcentuales el comportamiento de la deuda pública”, dijo Restrepo.

El funcionario reconoció que, para poder recuperar lo causado por la pandemia, el país necesita reformas que apunten en esa dirección.

“Eso supone obviamente un proceso gradual progresivo y ordenado de ajuste para retornar a un nivel de superávit primario como el que teníamos en el 2019 y para un nivel de deuda pública inferior. Eso implica la necesidad de una reforma”, dijo.

El papel de los congresistas

Los legisladores colombianos son tal vez los mayores responsables de la pérdida del grado de inversión, pues a fin de cuentas ellos son los que aprueban los proyectos de ley que presenta el Gobierno.

El Ministerio de Hacienda puede tener toda la intención de estabilizar las cuentas ampliando la base de tributación de las personas naturales (recomendado por las calificadoras de riesgo), pero si el Congreso no aprueba el proyecto, no hay nada que se pueda hacer.

El problema radica en que las medidas estructurales de estabilización fiscal y económica son impopulares y los legisladores colombianos no están dispuestos a arriesgar su capital político apoyando medidas que generan rechazo en la sociedad.

“Acá hay responsabilidad compartida de todo el mundo, los políticos y los gobernantes, cada uno tiene una parte. Veamos las reformas tributarias de los últimos años, incluso la que se cayó ahorita. Los populistas salieron a tachar esta reforma como si fuera algo muy malo y pues tampoco, si uno hubiera podido discutir esto un poco mejor de pronto las cosas se pudieron hacer mejor y no hubiéramos llegado a este punto”, dijo Pardo.

Es tan complicado que el Congreso apruebe iniciativas impopulares, que cuando el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó la reforma tributaria estructural con la que planeaba sanear las cuentas del país por medio de la ampliación de la base tributaria en personas naturales y la eliminación de exenciones, ni siquiera el partido de Gobierno (Centro Democrático) apoyó la medida.

La tendencia legislativa que se ha visto en Colombia durante los últimos años en materia económica es incrementar el gasto público (es popular), pero no buscar nuevas fuentes de recursos en las personas naturales.

“Desde la Constitución Política de 1991 se crearon unos mecanismos o unos derechos para los colombianos que garantizarlos significa tener un Estado y unos gastos más grandes, pero que al final nadie está dispuesto a pagar”, dijo el economista jefe de Corficolombiana, Julio Romero.

La situación con los congresistas se complica aún más cuando se acercan las elecciones legislativas y presidenciales, como va a suceder en 2022. Esta falta de convicción por parte de los legisladores, ha impedido que Colombia logre estabilizar sus cuentas de manera estructural.

“Los primeros responsables son los congresistas. Desde hace muchos años se han propuesto reformas estructurales que son impopulares, pero nunca le han dado el debido trámite y nunca han aprobado lo que se necesita. La falta de liderazgo de los políticos, el desconocimiento y la desinformación es abrumadora y eso pues obviamente ha jugado en contra”, dijo Nieto.

Los congresistas han entendido que, si quieren ser reelegidos, no pueden aprobar proyectos que vayan “en contra” de la ciudadanía como subirles el IVA o colocarles impuestos a los alimentos. Sin embargo, están sacrificando la estabilidad y el futuro del país, por sus respectivas curules.

El papel de la ciudadanía y la desinformación

Las redes sociales se han convertido en el principal foco de desinformación que hay en el mundo, y Colombia no es la excepción. Los medios de comunicación tradicionales han perdido credibilidad y ahora las personas se informan con base a sus gustos y preferencias políticas.

Basta con que un líder de opinión con muchos seguidores o un político famoso diga que con la reforma tributaria le van a quitar una parte del sueldo a los que ganan un salario mínimo (siendo esto falso) y ya hay marchas masivas en las principales ciudades del país.

Los temas económicos y tributarios siempre han sido complejos y difíciles de entender, además que los economistas no se han empeñado en cambiar esto, y esa falta de conocimiento es aprovechada por personas con intereses puntuales que a través de la desinformación hacen ver que todas la reformas que plantee cualquier gobierno están mal.

“Es verdad que el Gobierno no supo vender la última reforma tributaria, pero los populistas y contradictores del gobierno aprovecharon el momento para decir mentiras”, dijo Andrés Pardo.

Las palabras “reforma tributaria” tienen un efecto tan negativo en la percepción de la ciudadanía que rechazan cualquier iniciativa relacionada sin conocer aún la propuesta o el articulado de la misma.

Esta presión social y el rechazo que generan este tipo de proyectos hacen que los legisladores no apoyen las iniciativas por ser impopulares.

La economía colombiana tiene una serie de problemas estructurales de hace años, en materia pensional, laboral y de deuda, que requieren ser reparados para garantizar, no solo la sostenibilidad del país, sino también para brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

Esta reparación requiere de reformas laborales, pensionales, tributarias y demás, las cuales una gran parte de la ciudadanía no está dispuesta ni siquiera a discutir. Lo paradójico es que unos jóvenes piden más y mejores trabajos, más pensiones y más recursos públicos para educación, pero no quieren que las cosas cambien.

¿Cómo recuperar el grado de inversión?

Los expertos consideran que el gobierno que llegue al poder en 2022 deberá apelar por un pacto social en el cual se acabe con la polarización política que ha impedido que el país pueda estabilizarse de manera social y económica.

“El próximo gobierno deberá hacer otra reforma fiscal, hay que recuperar la confianza y acabar con la polarización. Con la polarización que tenemos hoy en día no se pueden hacer las reformas que necesita el país. Eso es muy importante y es en lo que se debería concentrar Colombia”, dijo Pardo.

Por ahora, las calificadoras de riesgo han advertido que el país necesita de reformas estructurales en temas tributarios, pensionales y laborales si quiere volver al grado de inversión, o si quiere, por lo menos, permanecer en BB+.

El mismo gobierno ya reconoció que la próxima administración deberá sacar adelante otra reforma fiscal para acabar de estabilizar las cuentas de la nación.