Diversos centros de educación superior en Colombia manifestaron sus reparos frente a la declaratoria de emergencia económica emitida por el Gobierno nacional a raíz de las inundaciones en distintas zonas del país. La postura de las instituciones surge por la inclusión de un nuevo tributo que recae directamente sobre sus balances financieros.
El pasado 24 de febrero de 2026 se expidió el Decreto 0173, documento que establece un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho durante la actual vigencia fiscal.
Bajo esta directriz, se suspendieron las exenciones normativas tradicionales, obligando a algunas instituciones de educación superior de carácter privado a tributar según su nivel de patrimonio, sin contemplar su actividad académica como causal de exoneración.
¿Cuánto pagarán las universidades privadas?
De acuerdo con los artículos 2, 4 y 5 de la norma expedida bajo la emergencia económica, la medida cobija a las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), categoría que agrupa a la mayor parte de las instituciones universitarias del país.
El decreto fija un umbral base de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a 10.474 millones de pesos para el año 2026, aplicando el cobro únicamente a las organizaciones cuyo patrimonio líquido supere dicho monto.
Esta disposición legal implica que, antes del próximo miércoles 1 de abril, los centros educativos que cumplan con las características mencionadas deberán girar al Estado sumas que oscilan entre los 300 y los 23.000 millones de pesos.
Impacto operativo y financiero
El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Oscar Domínguez, se pronunció a través de los canales oficiales de la asociación e indicó que el cobro forzará a varios planteles a solicitar créditos bancarios para cumplir con la obligación.
Según el vocero, la base gravable de la medida calcula valores asociados a “infraestructura, laboratorios y disposición para becas y subsidios”.
Explicó que este gravamen “desbalancearía las economías de algunas universidades, teniendo en cuenta que no existe la liquidez para asumirlo, considerando que el 95 % de los ingresos, en la mayoría de los casos, proviene de las matrículas de los estudiantes”.
Domínguez detalló que las instituciones operan bajo un esquema donde los excedentes se reinvierten estrictamente en la optimización de las labores misionales y de infraestructura.
El directivo advirtió que el pago de este impuesto repercutirá directamente en el segundo semestre académico de 2026, ocasionando una disminución inminente en las becas y apoyos económicos que se otorgan a los estudiantes.
Para frenar la medida, ASCUN radicó una demanda formal ante la Corte Constitucional solicitando que el nuevo tributo sea declarado inexequible, bajo el argumento de que gravar el patrimonio de las entidades sin ánimo de lucro compromete la estabilidad y sostenibilidad del sistema de educación superior privado en el país.