Una denuncia conocida por SEMANA da cuenta de la preocupación que se vive entre padres de familia, estudiantes y docentes del Colegio Refous, en Cota, luego de que la institución iniciara un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006, mecanismo legal destinado a negociar deudas y evitar la quiebra. La situación financiera incluiría obligaciones superiores a los 30 mil millones de pesos y podría afectar la continuidad educativa de cerca de 1.500 alumnos.
El colegio confirmó la decisión mediante una circular dirigida a la comunidad educativa y un video institucional, en los que informó que un comité de expertos analizó alternativas para atender los compromisos financieros sin suspender la operación académica. En el documento, firmado por el rector Santiago Jeangros, se indicó: “Una de las recomendaciones del comité de expertos fue hacer uso de un recurso normal que permite la ley colombiana de solicitar una reorganización administrativa mediante el amparo que ofrece la Ley 1116, decisión que está sujeta a la autoridad que la rige, en este caso la Superintendencia de Sociedades, y de la cual recibiremos respuesta en las próximas semanas”.
La institución sostuvo que las medidas buscan garantizar la continuidad del servicio educativo y afirmó que las decisiones adoptadas “permiten garantizar la operación”. No obstante, el anuncio generó incertidumbre entre las familias, algunas de las cuales aseguran que la información llegó tarde o por vías informales.
Este medio conoció que un padre de familia manifestó que “estamos muy preocupados porque no sabemos cuál será el futuro del colegio. Nuestros hijos han construido su vida aquí y la incertidumbre es muy grande. El año pasado, cuando matriculé a mi hijo aquí, ellos debieron decirme que estaban en este proceso y seguramente yo hubiera buscado otro lugar”.
Otro acudiente relató: “Muchos padres conocimos la situación porque apareció un cartel que era sostenido por dos personas frente al colegio; el cartel advertía que el colegio entraba en insolvencia. Eso generó angustia entre estudiantes y familias”.
También se expresaron cuestionamientos sobre la “transparencia” en la comunicación: “Uno confía en un colegio prestigioso, paga matrículas altas y espera transparencia. No es justo enterarse de una crisis de esta magnitud de esta forma”.
Según testimonios recogidos en la denuncia, la crisis no habría surgido de manera repentina. Padres señalan que, tras el fallecimiento de quien fue durante años la cabeza visible de la institución, se produjeron cambios administrativos que derivaron en “un endeudamiento progresivo hasta alcanzar cifras millonarias”. Para varias familias, presentar la situación como un “tema administrativo” “minimiza” el impacto real sobre estudiantes y acudientes.
El proceso de reorganización contemplado en la Ley 1116 permite que una organización continúe operando mientras negocia con sus acreedores. Sin embargo, expertos advierten que, si no se demuestra viabilidad económica o no se logra un acuerdo, el siguiente paso sería la liquidación, lo que implicaría el cierre del plantel y la venta de sus activos.
Este escenario genera inquietud sobre la devolución de matrículas y pensiones ya pagadas, pues en un proceso de liquidación las prioridades de pago están definidas por la ley, lo que podría ubicar a los padres en la lista de acreedores. La preocupación es mayor entre estudiantes de últimos grados, quienes se encuentran próximos a graduarse y presentar pruebas clave para su ingreso a la educación superior, y podrían enfrentar un traslado forzado en medio del calendario escolar.
Entre las preguntas que persisten en la comunidad se encuentran el “origen y antigüedad de las deudas”, “la existencia de compromisos financieros adicionales”, “la garantía de continuidad hasta finalizar el año académico” y versiones sobre “posibles procesos ante autoridades judiciales y disciplinarias”.
Un acudiente resumió la inquietud general: “Lo que pedimos es información, tranquilidad y que nuestros hijos no pierdan su año escolar”.
Mientras se espera la decisión de la Superintendencia de Sociedades sobre la solicitud de reorganización, la comunidad educativa permanece en incertidumbre frente al futuro académico y financiero que podría derivarse de la crisis.
“Agradecemos a toda la comunidad Refousiana que cualquier inquietud o pregunta al respecto nos la comuniquen por los canales oficiales”, remató diciendo la institución.