Una bicicleta no avanza con una sola rueda. Esa es la imagen que usa la Procuraduría General de la Nación para explicar el momento que atraviesa: “Agilidad para responder cuando algo falla, prevención para que se falle cada vez en menos cantidad. Esas son las dos ruedas sobre las que queremos que avance la Procuraduría”.
La entidad atraviesa un proceso de evolución institucional que busca cambiar la forma en que se relaciona con los servidores públicos y con la ciudadanía, y ese objetivo se resume en una Procuraduría preventiva, más ágil, eficaz y cercana a la gente.
Durante buena parte de su historia, la mayoría de los colombianos asoció a la Procuraduría con la sanción. El nombre aparecía en los titulares cuando un alcalde era suspendido o un funcionario quedaba inhabilitado. Lo que ocurría antes, el trabajo de vigilar, advertir y acompañar a quienes manejan lo público, era menos visible y difícil de entender.
Eso es, justamente, lo que se quiere cambiar. Su apuesta es una Procuraduría que se conozca por lo que evita y no solo por lo que castiga. “Prevenir antes que lamentar, acompañar antes que sancionar”, dice el procurador general, Gregorio Eljach.
Una institución que nació con la República
La figura del procurador general es casi tan vieja como el país. Apareció por primera vez en 1819, en el reglamento del Poder Judicial que expidió el Congreso de Angostura, y quedó consagrada en la Constitución de 1830. Desde entonces ha atravesado casi dos siglos de vida republicana y varias cartas políticas.

Y fue la Constitución de 1991 la que definió su estructura actual. La Procuraduría es el máximo organismo del Ministerio Público, del que también forman parte la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. El procurador general es elegido por el Senado para un periodo de cuatro años, de una terna integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Sus tareas, definidas en el artículo 277 de la Constitución, van más allá de lo disciplinario. Le corresponde vigilar que se cumplan la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales; proteger los derechos humanos; defender los intereses de la sociedad y los intereses colectivos, como el ambiente; velar por el ejercicio diligente de las funciones administrativas; intervenir en procesos judiciales y administrativos cuando están en juego el orden jurídico, el patrimonio público o los derechos fundamentales; y ejercer la vigilancia superior de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas.
Con los años, esa última función, la disciplinaria, terminó por definir la imagen de la entidad ante el público. Era la cara más visible, la que llegaba a los noticieros, pero no la única. El procedimiento también ha ido cambiando porque la Ley 2094 de 2021 reformó el Código General Disciplinario y separó, dentro de la entidad, a quien investiga de quien juzga, para fortalecer las garantías de los procesados.
Gregorio Eljach, exsecretario general del Senado, fue elegido procurador en octubre de 2024 y asumió el cargo el 16 de enero de 2025. Desde su posesión planteó su visión de la entidad: “Durante estos cuatro años, lideraré una Procuraduría que sea prodiálogo, prolibertad, prodemocracia, y que ayude a sanar las heridas sociales de Colombia. Una institución que procure superar la polarización, es decir, una Procuraduría PRO-CURA”.
Primera rueda: llegar antes
El centro de la transformación es la prevención. La idea es actuar antes de que el daño ocurra, en lugar de llegar cuando ya hay un expediente abierto.
“La prevención es la clave del éxito; esa es la tarea primigenia que debe encabezar la Procuraduría, no es andar buscando a quién sanciona. Es evitar que los funcionarios públicos cometan faltas disciplinables”, explica Eljach.
En la práctica, eso significa identificar riesgos, hacer seguimiento a políticas y programas, advertir fallas institucionales y pedir a las autoridades que corrijan a tiempo. La entidad lo describe como “la primera línea de defensa del orden jurídico y del patrimonio público”, y la meta de esta administración es todavía más ambiciosa, pues busca “instituir la vigilancia preventiva como una garantía constitucional de interés público”.

El enfoque incluye el acompañamiento a quienes manejan recursos públicos y el diálogo con distintos sectores. La lógica de anticiparse al daño orienta la intervención de la entidad ante autoridades judiciales y administrativas, cuyo propósito es que las decisiones respeten la Constitución y la ley y protejan el interés general.
Segunda rueda: responder a tiempo
Cuando la prevención no alcanza y algo falla, es necesario que la respuesta sea rápida. Ese es el segundo eje de la evolución, con procesos disciplinarios más ágiles y decisiones oportunas, con respeto por el debido proceso. “Justicia que tarda no es justicia”, sostiene la Procuraduría, y va más lejos agregando que “la justicia lenta también es corrupción”.
La modernización de los procesos, aclara, “no es para perseguir, es para reforzar, agilizar y que no se equivoque”.
Derechos, legalidad y lucha contra la corrupción
El modelo de evolución se extiende a otras funciones de la entidad. En materia de derechos, la Procuraduría vigila que el Estado cumpla su deber de garantizarlos, en especial cuando están en riesgo. “La Procuraduría debe ser garante, estar presente en lo social, en derechos humanos y frente a desigualdades”, señala Eljach.
En cuanto a la vigencia del ordenamiento jurídico, la entidad busca que las autoridades actúen dentro de sus competencias y que las decisiones judiciales se respeten. “La Procuraduría no juega para el Gobierno ni para la oposición, sino para la Constitución y los ciudadanos”, afirma el procurador, quien también ha señalado que “cualquier forma de presión, amenaza o amedrentamiento contra los jueces debe ser rechazada por toda la sociedad”.
Frente a la corrupción, la estrategia combina la vigilancia preventiva y el control disciplinario para identificar riesgos y actuar a tiempo. Eljach plantea que “la corrupción no es solo un delito contra el patrimonio público, es una violación de derechos”, y advierte sobre su impacto social: “Cada peso desviado es un aula que no se construye, un centro de salud que no se dota, una vía terciaria que no llega a la vereda. Y quienes más la sufren son siempre los más vulnerables”.
Una entidad más cercana
Para el ciudadano de a pie, la diferencia entre una Procuraduría que sanciona y una que previene se mide en cosas concretas. Por ejemplo, en una obra que no se queda a medio camino porque alguien advirtió el riesgo a tiempo, un proceso que se resuelve en meses y no en años, o en una comunidad que sabe a quién acudir cuando sus derechos están en juego.
Por eso la transformación también apunta a la relación con la ciudadanía. La entidad quiere que los colombianos conozcan mejor sus funciones y la perciban presente en todo el territorio, y no solo en los casos de alto perfil.
Para Yarley García, periodista, analista política y magíster en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, el valor de la entidad está en su diseño. “Es muy importante como está pensada, como un organismo independiente que puede vigilar a los servidores públicos, a aquellos que tienen una función pública en su actuar”, afirma.
La agilidad en los procesos es uno de los dos ejes del modelo que impulsa la Procuraduría. Otro desafío, añade García, es eliminar la duplicidad de funciones con entidades como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Dos ruedas: prevención y agilidad. Después de casi dos siglos, la Procuraduría busca pasar de ser un tribunal temido por sus fallos a convertirse en un aliado institucional que evite que los problemas ocurran. Con este enfoque, el organismo busca consolidar un modelo en el que la sanción siga siendo una herramienta necesaria, pero en el que la prevención, la agilidad y la cercanía con la ciudadanía definan su gestión en los próximos años.
