Santiago Botero, empresario y excandidato a la Presidencia de Colombia, fue demandado el 8 de julio en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por un esquema de fraude que causó pérdidas superiores a 100 millones de dólares a fondos de inversión estadounidenses, incluido un fondo de pensiones del estado de Utah.
La demanda fue presentada por Christofferson Robb & Company (CRC), un gestor de fondos con sede en Nueva York, y detalla un plan elaborado durante años para vender una empresa colombiana con libros contables falsificados, obtener préstamos adicionales con garantías inexistentes y luego saquear los fondos para beneficio propio.
La empresa en cuestión es FinSocial S.A.S., una fintech colombiana fundada por Botero que ofrecía préstamos digitales a pensionados, maestros del sector público y hogares de bajos ingresos. Según la demanda, Botero y sus socios del fondo de capital privado Kandeo convencieron a CRC de comprar el 100 % de FinSocial en julio de 2021 por aproximadamente 36 millones de dólares, presentándola como un negocio sólido y bien colateralizado.
En realidad, según los demandantes, era una “casa de naipes” sostenida por estados financieros inflados, préstamos ficticios y activos inexistentes que se certificaron sin reparos.
La demanda describe el fraude en tres etapas. La primera fue la venta, donde Botero y Kandeo entregaron a CRC estados financieros que sobreestimaban activos y subestimaban pasivos por un total combinado de 95 millones de dólares, según una auditoría realizada en 2024.
Las cuentas por cobrar incluían préstamos ficticios o ya cancelados que fueron presentados como cartera vigente. La tasa de morosidad real de la cartera era del 28 % al cierre de 2021, frente al 1 % o 2 % que presentaban los documentos entregados a los compradores.
La segunda etapa fue el préstamo puente: días antes del cierre de la compraventa, CRC prestó 19 millones de dólares adicionales a FinSocial como capital de trabajo para originar nuevos créditos. Los demandantes alegan que ese dinero fue desviado de inmediato hacia Botero y su red de empresas relacionadas, no hacia los préstamos prometidos.
La tercera fue el saqueo sistemático: con Botero permaneciendo como CEO de FinSocial tras la venta, la demanda documenta que entre enero de 2021 y agosto de 2024 se transfirieron más de 54 millones de dólares desde FinSocial hacia Botero y su red de más de cuarenta empresas relacionadas, incluyendo pagos directos a él mismo, a familiares, a socios cercanos y a empresas de tecnología, bienes raíces, arrendamiento de vehículos y producción audiovisual que no tenían ningún propósito comercial legítimo con FinSocial. Millones adicionales fueron gastados en tarjetas de crédito para bienes de lujo, restaurantes de alta gama y viajes costosos.
El propio CFO de FinSocial, Juan Manuel Puerto, confesó el fraude antes de ser forzado a renunciar en diciembre de 2024, admitiendo que los libros contables habían sido manipulados y que Botero había mentido sistemáticamente sobre el estado de las garantías.
La demanda fue presentada en Nueva York porque una parte sustancial del esquema pasó por el sistema financiero estadounidense. Los 36 millones de dólares de la compraventa fueron transferidos a Kandeo a través de cuentas corresponsales en el Bank of New York Mellon. Los préstamos de CRC fueron canalizados a través de Citibank en Nueva York.
Así mismo, una transferencia de 1,65 millones de dólares de Medici, la empresa holding de Botero, fue enviada a una entidad de Florida a través de una cuenta en Morgan Stanley en Nueva York. Decenas de millones de los fondos desviados terminaron en entidades estadounidenses controladas por Botero en Florida y Delaware.
Entre los inversores perjudicados figura Utah State Retirement Systems, el fondo de pensiones público del estado de Utah, que participó en los préstamos a FinSocial a través de fondos administrados por CRC.
Botero es descrito en la demanda como un nacional colombiano proveniente de “una de las familias más prominentes de Colombia” y excandidato presidencial. Fundó FinSocial y la dirigió como CEO desde su creación hasta su renuncia forzada en septiembre de 2024. La demanda señala que también está siendo investigado penalmente en Colombia en 29 procesos relacionados con otra de sus empresas, Home Capital Colombia, junto a otros 18 acusados.
La demanda documenta además que Botero utilizó los ingresos de la compraventa para adquirir una residencia familiar en Miami, y que mantiene una colección de arte de alto valor y propiedades en Florida que los demandantes buscan que sean objeto de un fideicomiso constructivo para responder por las pérdidas.
Los demandantes solicitan al tribunal daños compensatorios y punitivos por un monto que no será inferior a 150 millones de dólares, además de honorarios legales e intereses.