Un tribunal peruano desestimó un pedido judicial de impedimento de salida del país a la esposa del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, quien junto con el mandatario es investigada por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
“Se declara infundado el requerimiento fiscal en el extremo de impedimento de salida del país en contra de los investigados Lilia Paredes, David Paredes, Walter Paredes y Hugo Espino”, dijo el juez Raúl Justiniano en la lectura de su decisión en la audiencia judicial.
“Se resuelve dictar medida de comparecencia con restricciones en contra de Lilia Paredes por presunta comisión de delito de organización criminal”, agregó Justiniano. Lilia y sus hermanos, David y Walter, estuvieron conectados de forma virtual. La audiencia se transmitió por el canal de televisión del Poder Judicial y se prolongó por más de dos horas.
“Respeto la decisión de la justicia al rechazar el pedido de mi impedimento de salida del país. Ello fortalecerá mi trabajo como primera dama (...) de igual forma seguiré colaborando con la justicia”, expresó Lilia Paredes en un mensaje en Twitter.
“Es una buena medida en este escenario de confrontación, de polarización y de politización del Ministerio Público. Es un buen mensaje para hacerle recordar al Ministerio Público que no tienen poderes omnímodos”, subrayó por su parte Benji Espinoza, abogado de la pareja presidencial, en el canal N local.
Los investigados deberán cumplir algunas restricciones como reportar sus actividades y no salir de sus localidades sin autorización judicial. A diferencia de a sus hermanos, a la esposa de Castillo se le permitirá acudir al Palacio de Gobierno, donde se ubica la residencia presidencial. El fiscal Jorge García señaló que “apelará” la decisión del juez.
La fiscalía pide contra la primera dama una pena de cárcel de entre ocho y diez años por el presunto delito de tráfico de influencias en la modalidad de crimen organizado. La esposa del presidente es supuestamente la coordinadora de una red de corrupción que actúa en el entorno de Castillo, según documentos judiciales difundidos por la prensa.
El pedido de impedimento de salida del país incluía a un cuarto investigado en la misma causa, Hugo Espino, quien confesó ante el Ministerio Público ser testaferro de la familia Castillo.
El pasado viernes 14 de octubre el Congreso peruano inició el análisis de una denuncia constitucional presentada por la Fiscal General peruana, Patricia Benavides, quien acusa al presidente Castillo y dos exministros de supuestamente formar una organización criminal que amañó contratos para su beneficio.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, anunció que la denuncia constitucional presentada el martes por la fiscal general, Patricia Benavides, ingresó a trámite y será enviada por correo a los congresistas miembros de la Subcomisión para su análisis.
“La denuncia se les estará enviando al correo electrónico de los miembros de esta Subcomisión”, dijo Camones para cerrar el asunto en la sesión del pasado viernes, antes de pasar a otro tema en la agenda.
El presidente izquierdista, que enfrenta seis investigaciones de la Fiscalía, niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña mediática para sacarlo del poder. Castillo tiene inmunidad y solo puede ser llevado a juicio después de su mandato, que finaliza en julio de 2026.
*Con información de AFP.