Castillo se defiende: una ministra y dos abogados del presidente de Perú denuncian a la fiscal que lo investiga

Ha sido una semana movida en materia política para el presidente del Perú, Pedro Castillo, primero con los más recientes allanamientos que realizó el ministerio público contra su familia y congresistas cercanos por casos de corrupción, después la denuncia constitucional por parte de la fiscal en su contra y finalmente la decisión que tomaría el Congreso de ese país en dos semanas de iniciar o no un primer juicio contra el mandatario.

Castillo salió a defenderse, justo después del anuncio de la denuncia interpuesta por la fiscal Patricia Benavides, asegurando que estaban orquestando en su contra un golpe de estado.

“Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, lo cual rechazo rotundamente”, dijo el presidente en una conferencia de prensa.

Sumado a las declaraciones del presidente, dos de sus abogados más cercanos presentaron una denuncia contra la fiscal Benavides, se trata de Ronald Atencio y Raúl Noblecilla quienes la semana pasada ya habían presentado una denuncia por encubrimiento de personal y esta vez la interponen por “Prevaricato ilícito penal” contra la funcionaria pública argumentando que Benavides no se ha limitado a sus facultades constitucionales después de la emisión de una denuncia contra el presidente Pedro Castillo.

“Está violando flagrantemente un artículo constitucional y eso se llama prevaricación (...), previsto en el artículo 418 del código penal y sancionado con una pena máxima de cinco años”, ha sostenido el abogado Ronald Atencio.

El encubrimiento de personal por lo que fue denunciada la fiscal por los abogados la semana pasada tiene que ver con la acción de retirar a la fiscal suprema Bersabeth Revilla del caso contra Emma Benavides, hermana de la titular del Ministerio Público e investigada por el presunto delito de cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir.

Otra denuncia que recibió la fiscal Benavides en las últimas horas corresponde a la realizada por la ministra de Cultura de Perú, Betssy Chávez, quien a través de una carta enviada al congreso acusa a la titular de la Fiscalía de cometer delitos de abuso de autoridad y prevaricación, violando la constitución hasta en tres artículos.

“(Benavides) ha puesto en evidencia que lejos de actuar con objetividad y en el marco constitucional, estaría poniendo al Ministerio Público como parte de un plan sistemático para desestabilizar al Gobierno”, dijo la ministra en su misiva.

“De lo manifestado se puede evidenciar que el hecho principal que es materia de investigación es la existencia de un poder que pretende atentar contra la institucionalidad y la figura y la investidura del presidente de la República utilizando diversos mecanismos fuera de la Constitución”, agregó

Acusaciones de la Fiscalía contra Castillo

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en complicidad con el exministro de Transportes Juan Silva, prófugo de la Justicia desde junio, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República de Perú, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, reza el documento firmado por Benavides y entregado al Parlamento.

Esta denuncia constitucional deberá ser ahora evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la expresidenta del Congreso, Lady Camones (APP). En el caso de que prospere, la demanda pasará a la Comisión Permanente y finalmente será votada en el pleno, según ha informado la emisora RPP.

En la subcomisión se deberá nombrar a un congresista delegado para que evalúe la denuncia y presente un informe inicial, luego se convocará a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes y finalmente se presentará las conclusiones, que tendrán que ser sometidos a votación.

*Con información de AFP.