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Juzgado de Perú reprograma audiencia de prisión a cuñada de Castillo
Juzgado de Perú reprograma audiencia de prisión a cuñada de Castillo - Foto: AFP

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Corrupción en Perú: por orden judicial es trasladada de cárcel la cuñada de Pedro Castillo

De acuerdo con la Fiscalía, Paredes y el alcalde de Anguía formaban parte de una red de corrupción liderada por el propio Castillo, que ofrecía y otorgaba de manera irregular contratos públicos.

La cuñada del presidente peruano Pedro Castillo, Yenifer Paredes, fue cambiada de cárcel, tres días después de que un juez la mandara a prisión preventiva por 30 meses, acusada de integrar una supuesta red de corrupción dirigida por el mandatario.

Yenifer Paredes, de 26 años, fue trasladada al penal de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, tras permanecer desde el domingo en la cárcel Ancón II, en el norte de la capital.

Paredes fue detenida el 10 de agosto y al comienzo estuvo recluida en un cuartel policial.

Una enorme comitiva de autos policiales y de prensa siguió al furgón cerrado de color blanco, del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que transportó a la cuñada de Castillo desde un extremo al otro de la ciudad, en horas de la tarde.

El Inpe confirmó en un tuit que Paredes fue enviada al presidio “Anexo Mujeres Chorrillos”, el mismo penal donde estuvo 16 meses en prisión preventiva la excandidata presidencial Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori.

Por su parte, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite este miércoles un recurso de amparo (habeas corpus) presentado por el abogado Marco Riveros Ramos, que pide anular la orden de prisión preventiva contra Yenifer Paredes.

El recurso sostiene que la fiscal nacional, Patricia Benavides, y el juez Johnny Gómez Balboa, que impuso la prisión preventiva a Paredes, vulneraron los derechos de la cuñada de Castillo, según documentos judiciales.

El abogado Riveros afirma que Paredes ha sido procesada únicamente porque es familiar del presidente peruano, lo que constituye “una discriminación política absolutamente clara”.

El coinculpado de Paredes, el alcalde José Medina, también fue trasladado de penal este miércoles, desde Ancón I a Ancón II, ambos situados en el mismo distrito del norte de Lima.

Paredes y el alcalde están acusados de formar parte de una red de corrupción que concedía contratos de obras públicas y de lavado de activos, dirigida por Castillo, según la Fiscalía.

La cuñada de Castillo Terrones podría enfrentar una condena de 23 años, de acuerdo a la Fiscalía.

Medina es alcalde del pueblo de Anguía, situado en la norteña Cajamarca, región de donde es oriunda la familia de Castillo.

El organismo fiscal dice que la cuñada y el alcalde estaban coludidos para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento.

Castillo, que defiende su inocencia y la de su familia, enfrenta seis investigaciones, un hecho inédito para un presidente en ejercicio en Perú.

Sin embargo, no puede ser llevado a juicio porque tiene inmunidad hasta el fin de su mandato, en julio de 2026.

Recientemente también se conoció una solicitud elevada por parte de la Fiscalía de Perú, ante las instancias judiciales en las que se solicitó que, como parte de las investigaciones que se libran en contra de algunos familiares de Castillo, se determinara una prohibición para que la actual primera dama de Perú, Lilia Paredes, hermana de la hoy presa Yenifer Paredes, pueda salir del país, al menos por los próximos tres años.

Desde la Presidencia de la República, Castillo ha señalado en diversas oportunidades que las investigaciones que actualmente cursan en contra de miembros de su familia son parte de planes de la oposición por desestabilizar su gobierno, advirtiendo que, para él, son acusaciones infundadas, y que se dedicará a gobernar, en cumplimiento de su mandato constitucional.

No obstante, una de las investigaciones que actualmente cursan en contra de Castillo en la Fiscalía, y que se desprendió de los señalamientos de su propio exministro del Interior, Mariano González, señala que Pedro Castillo había intentado obstaculizar la acción de las autoridades en las investigaciones judiciales que se adelantan en contra de sus familiares.