Cuba anunció este miércoles la apertura a los privados de sectores de su economía como gasolineras, farmacias y geriátricos, luego de que el Parlamento aprobara un paquete de 176 medidas a favor de la economía de mercado.
Estas áreas, que incluyen también las instalaciones portuarias, son solo algunas de las que ahora están abiertas a la participación privada, según comunicados oficiales difundidos por los medios estatales.
El gobierno comunista redujo drásticamente el número de actividades prohibidas a las empresas privadas, después de que el Parlamento aprobara el 18 de junio el paquete medidas que incluyen la organización de las empresas privadas, el sistema bancario, la agricultura, la inversión extranjera, los salarios y el mercado cambiario, entre otros.
Las nuevas regulaciones amplían “de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados en la isla” comunista, informaron los medios estatales.
Distribución de gasolina, servicios farmacéuticos y ópticos, residencias de ancianos, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables, y operaciones petroleras y mineras (bajo ciertas condiciones): sectores enteros de la economía están ahora abiertos al sector privado.
Según las autoridades, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas están autorizadas en el país, cifra que refleja la reciente aceleración en la aprobación de estos negocios, autorizados en 2021.
La atención sanitaria sigue siendo una “responsabilidad del Estado” y “la actividad médica (...) continúa garantizada a la población cubana con servicios hospitalarios gratuitos”, precisaron los medios estatales. La educación también continúa siendo competencia del sector público, con una apertura tentativa para guarderías, clases de idiomas y tutorías.
Otros sectores que permanecen bajo control estatal incluyen los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad y los sectores estratégicos.
Estos anuncios a favor de una economía de mercado marcan un punto de inflexión histórico para la isla comunista y su economía socialista de planificación centralizada, que lleva meses sumida en una profunda crisis y bajo la presión de Washington.
Esto ocurre mientras el presidente estadounidense Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre Cuba.
Al embargo económico vigente desde 1962, Trump sumó en enero un bloqueo petrolero de facto y una batería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos, que ha llevado a la economía cubana al borde del colapso, con apagones generalizados, así como escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.
Trump afirma que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” del país.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó el domingo a Estados Unidos de intentar “apropiarse del país” mediante lo que consideró una “política genocida”.