En una zona desértica de América Latina, se encuentran acumuladas más de 60.000 toneladas de prendas de segunda mano, muchas de las cuales llegan desde Europa y distintos puntos del planeta.
La enorme extensión de este basurero de textiles es tal que incluso puede apreciarse mediante imágenes satelitales, de acuerdo con información de SkyFi.
Ubicado cerca de la localidad de Alto Hospicio, este gigantesco basurero de prendas se ha convertido en una muestra alarmante de las consecuencias ambientales de la moda rápida.
El recorrido de estos textiles comienza en el puerto de Iquique, ubicado en el litoral norte de Chile, donde cada año desembarcan más de 60.000 toneladas de ropa proveniente distintos lugares.
Una proporción considerable de estas mercancías ingresa libre de impuestos, debido a que Iquique opera bajo el régimen de zona franca chilena.
Posteriormente, los cargamentos son trasladados hasta la zona franca de Alto Hospicio, desde donde se distribuyen hacia diferentes mercados de América Latina. Sin embargo, una gran cantidad de prendas no logra encontrar compradores ni destinos comerciales.
Ante la falta de responsables que cubran los gastos de tratamiento y eliminación de estos desechos, miles de textiles terminan tirados a cielo abierto, en medio del árido desierto de Atacama.
En medio de paisajes que cautivan por su belleza y austeridad, estas manchas de desechos aparecieron en varias partes del desierto, un territorio de más de 100.000 kilómetros cuadrados.
En el 2022, la fragilidad del desierto y de quienes viven en sus alrededores llevaron a la abogada Paulín Silva, de 34 años, a presentar una demanda contra el Estado de Chile por el daño ambiental que generan las montañas de ropa y basura.
En su demanda adjuntó imágenes satelitales que muestran el crecimiento exponencial del botadero de ropa. En la búsqueda encontró también otros gigantescos basurales de todo tipo de elementos, entre ellos zapatos.
Más de la mitad de la ropa usada que ingresa a Chile es descartada y termina en el desierto. Para ocultarla, se quema y entierra, generando un problema ambiental adicional por las emanaciones tóxicas.
La problemática también ha llegado a los tribunales. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta atribuyó al Estado chileno responsabilidad por omisión, al considerar que durante años no tomó las medidas necesarias para evitar ni fiscalizar la acumulación ilegal de desechos textiles.
Por ello, dispuso la implementación de un programa de recuperación ambiental con una duración de diez años. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado apeló el fallo, de modo que el caso aún sigue pendiente de resolución definitiva.