Mientras la política migratoria del presidente Donald Trump mantiene un fuerte enfoque en las deportaciones, el Gobierno de Estados Unidos volvió a poner en funcionamiento una instancia judicial que había permanecido sin actividad durante casi tres décadas.
Se trata del Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés), un órgano especializado en tramitar procesos de expulsión contra presuntos terroristas extranjeros.
Este tribunal permanecía inactivo desde su creación en 1996 y, durante ese tiempo, ni siquiera contaba con un sitio web que permitiera hacer seguimiento a sus procedimientos. A pesar de ello, un grupo rotativo de jueces permaneció designado para atender cualquier caso que eventualmente fuera remitido a esa jurisdicción.
Sin embargo, hasta ahora el Gobierno federal no había considerado que existiera un caso que justificara recurrir a este mecanismo ni poner a prueba la constitucionalidad de los procedimientos especiales que contempla. Eso a principios del mes, cuando el Departamento de Justicia presentó una solicitud ante el tribunal, la primera desde su creación.
La reactivación del tribunal ocurre en medio de la política migratoria impulsada por la administración Trump, caracterizada por un endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes en condición irregular.
Desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca, miles de personas han sido deportadas, en operativos liderados principalmente por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una agencia que también ha estado en el centro de diversas polémicas por la forma en que ejecuta esos procedimientos.
A diferencia de los procesos migratorios ordinarios, el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros otorga al Gobierno amplias facultades para mantener bajo reserva la información que sustenta la acusación.
Incluso, las autoridades pueden no revelar a la persona sometida al proceso las razones por las que consideran que representa una amenaza terrorista.
Además, este mecanismo restringe varias de las herramientas legales que normalmente tienen los migrantes para oponerse a una orden de deportación, lo que, en la práctica, agiliza el procedimiento y limita las posibilidades de impugnar la expulsión.
La legislación que regula el funcionamiento del tribunal establece que los casos deben resolverse “tan rápidamente como sea posible”.
También impide que los afectados presenten solicitudes de asilo u otros recursos que sí están disponibles dentro del sistema migratorio tradicional para intentar evitar la deportación.
El procedimiento de apelación también sigue un trámite distinto al de los casos migratorios comunes. Las personas sometidas a este proceso solo disponen de 20 días para presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington.
En contraste, las apelaciones dentro del sistema migratorio ordinario suelen atravesar varias etapas antes de llegar a un tribunal federal de apelaciones.
La reactivación de este tribunal representa una nueva herramienta para que el Gobierno estadounidense agilice la deportación de personas señaladas de tener vínculos con el terrorismo.
Sin embargo, las facultades especiales con las que opera, como la posibilidad de mantener en reserva parte de las pruebas y limitar los recursos disponibles para impugnar las expulsiones, también reavivan los cuestionamientos sobre las garantías procesales de quienes sean sometidos a este mecanismo.
