El juicio colectivo contra los líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó el martes, tras tres meses de audiencias en las que la Fiscalía solicitó penas de miles de años de prisión para los procesados.
Se trata del primer proceso judicial masivo contra la dirigencia de una pandilla. Entre los acusados figuran los 22 integrantes de la denominada “ranfla histórica”, la cúpula conformada por los miembros más veteranos de esta organización criminal, desarticulada durante la “guerra” antipandillas impulsada por el gobierno de Nayib Bukele.
El juicio comenzó el 20 de abril con 485 imputados, según la cifra oficial más reciente. Los acusados siguieron las audiencias de manera virtual desde distintos centros penitenciarios, incluidos unos 220 cabecillas recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno.
Antes de emitir el fallo, el Tribunal Contra el Crimen Organizado de San Salvador deberá escuchar y revisar un extenso expediente integrado por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía.
La mayoría de los procesados ya cumple condenas que, en la práctica, equivalen a cadena perpetua.
Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado.
Según la institución, los acusados fueron procesados por 14.420 crímenes cometidos entre 2012 y 2022, además de utilizar el sistema de “apertura de válvulas”, mediante el cual los mandos de la pandilla ordenaban asesinatos desde las cárceles.
La Fiscalía también presentó pruebas sobre la conformación de 230 células de la pandilla distribuidas en todo el territorio salvadoreño.
Por su parte, el Órgano Judicial informó en su cuenta de X que la Fiscalía “solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados”. Asimismo, requirió el pago de 9 millones de dólares por concepto de responsabilidad civil derivada del delito de extorsión agravada.
El pasado 8 de junio, el fiscal de Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó en X que “con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”.
“No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, agregó el representante de la Fiscalía.
Entre los casos atribuidos a los procesados figura el asesinato de 87 personas en marzo de 2022, hecho que llevó al presidente salvadoreño a declarar la “guerra” contra las pandillas mediante un estado de excepción, bajo el cual unas 92.000 personas han sido encarceladas sin orden judicial.
Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y organizaciones no gubernamentales sostienen que en el país no existe independencia judicial. Además, grupos humanitarios acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad durante su ofensiva contra las maras y de encarcelar a personas inocentes.
*Con información de AFP.