“Estamos listos”. Con esas dos palabras en un corto trino, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, selló las pocas dudas que había en la región sobre si se lanzaría nuevamente como candidato presidencial para los comicios que habrá en el país centroamericano en 2027. Aunque falta casi un año para las votaciones, su victoria se da casi por descontada dada su alta popularidad en el país, pero todo este proceso electoral no pasa desapercibido de críticas opositoras.
El proceso que llevó a que Bukele se presentara a unas nuevas elecciones ha sido de todo menos común y se inició hace años. En mayo de 2021, cuando ya era presidente y su partido, Nuevas Ideas, tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, fueron destituidos de forma irregular los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general, y los reemplazó por magistrados afines al presidente. Esto fue calificado ampliamente como un “golpe técnico” al Estado de derecho.
En septiembre de ese mismo año, dicha sala constitucional, ahora en poder de aliados de Bukele, reinterpretó el artículo 152 de la Constitución.
El texto original decía que quien haya ejercido la presidencia no podrá “continuar en sus funciones ni un día más” en el periodo siguiente. La Sala concluyó que un presidente sí podía reelegirse si renunciaba al cargo seis meses antes del inicio del nuevo periodo, lo que Bukele cumplió el 30 de noviembre de 2023 al pedir licencia y dejar una presidenta interina de su confianza hasta retomar el cargo el primero de junio de 2024 tras ganar la reelección.
Con ello, Bukele volvió a postularse a la presidencia, arrasó en las urnas y asumió su segundo mandato el primero de junio de 2024 bajo el amparo de esa sentencia de 2021, no de una reforma constitucional formal, sino de una reinterpretación judicial hecha por magistrados puestos por él mismo. Por eso, muchos juristas y opositores consideran que ya gobernaba en una zona de ilegitimidad constitucional, lo que terminó resolviendo un año después.
En julio de 2025, la Asamblea Legislativa, con mayoría absoluta de Nuevas Ideas, aprobó y ratificó una reforma constitucional en una sola jornada legislativa y sin debate previo. En ella se modificaron cinco artículos. En los cambios centrales está la eliminación total de las restricciones a la reelección presidencial, la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y el adelanto y unificación del calendario: todas las elecciones (presidencial, legislativa y municipal) se celebrarán el mismo día, el 28 de febrero de 2027.
“Desde 2021 se ha producido una importante concentración de poder que ha debilitado los mecanismos de control y los contrapesos institucionales. Pensando en una eventual tercera elección, el riesgo es que la permanencia prolongada en el poder termine generando costos políticos para el propio Bukele. Su principal éxito ha sido la seguridad, pero los desafíos económicos siguen presentes. Una nueva reelección podría abrir espacios para que sectores opositores capitalicen esos problemas y cuestionen un proyecto político excesivamente concentrado en una sola figura”, resume Manuel Camilo González, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana.
Técnicamente, ahora el periodo presidencial de Bukele es más corto que el inicial para el que fue elegido y que terminaba en 2029. Pero ahora, con esta nueva elección, el mandatario lograría quedarse en el poder al menos hasta 2033 en caso de ganar en los comicios. Esto implica que estaría en el poder al menos durante 14 años ininterrumpidos.
El presidente salvadoreño es de los líderes más populares del mundo. Según una encuesta de CID Gallup en El Salvador, la popularidad de Bukele para mayo de 2026 alcanzó un 93 por ciento de aprobación.
Además, la oposición en El Salvador es prácticamente inexistente, como le explica a SEMANA el profesor González. “Su enorme popularidad le permitió consolidar un apoyo ciudadano muy fuerte y blindarse incluso frente a escándalos relacionados con su política de seguridad. Pero también es clave la debilidad de la oposición. No solo fue barrida electoralmente, sino que, además, ha enfrentado fuertes presiones políticas. La ausencia de un liderazgo opositor sólido ha dejado un vacío que amplía aún más el margen de maniobra del presidente”.
La oposición salvadoreña ha sido categórica en su rechazo. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, afirmó que con la aprobación de la reforma “ha muerto la democracia en El Salvador” y calificó el trámite legislativo de “burdo y cínico” por haberse aprobado sin consulta. Claudia Ortiz, de Vamos, acusó que el plan no busca devolver el poder al pueblo, sino perpetuar a un solo partido en el poder. Presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema en agosto de 2025 y ha insistido en que la Asamblea modificó justamente el artículo que la propia Constitución prohíbe reformar.
En el plano internacional, la comparación más citada proviene de Human Rights Watch: su directora, Juanita Goebertus, advirtió que El Salvador transita “el mismo camino que Venezuela”, donde un líder usa su popularidad para concentrar poder y termina en dictadura. Sin embargo, cualquier crítica internacional se ha fracturado con el cambio de postura de Washington: el Departamento de Estado bajo la administración Trump respaldó las reformas de 2025. Señaló que “depende de ellos decidir cómo debe gobernarse su país”.
Sobre si cree que Bukele busca perpetuarse en el poder, el profesor González es contundente al respecto: “Es evidente que busca mantenerse en el poder. De lo contrario, no estaría impulsando la posibilidad de una tercera elección. Creo que hay dos razones que explican ese comportamiento. La primera, la búsqueda de protección frente a eventuales investigaciones o procesos judiciales futuros, especialmente por posibles cuestionamientos relacionados con derechos humanos. Mantener el poder también significa mantener capacidad de defensa frente a esos riesgos. Y la segunda, una lógica común en muchos liderazgos altamente personalistas: el poder tiende a generar la necesidad de acumular más poder”.
A pesar de todas las críticas, Bukele presenta sus resultados en seguridad como su gran bandera para el futuro del país. Con él en el poder, la tasa de homicidios cayó a 1,9 por cada 100.000 habitantes en 2024, una reducción superior al 98 por ciento respecto a 2015, cuando El Salvador registraba más de un centenar de asesinatos por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del mundo. El Gobierno atribuye este resultado al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, prorrogado ya en más de 51 ocasiones, bajo el cual se ha detenido a más de 92.000 personas en su campaña contra las pandillas.
En el plano económico, el balance es más matizado, pero también favorable en varios indicadores. El PIB creció 3,9 por ciento en 2025 y un 4,8 por ciento interanual en el primer trimestre de 2026, más del doble de lo proyectado por el Banco Central de Reserva, impulsado sobre todo por construcción y turismo. Las remesas alcanzaron un récord de 9.987 millones de dólares en 2025 (equivalentes a cerca del 24 por ciento del PIB), y el país mantiene la inflación más baja de América Latina.
Con todo este panorama, es inevitable recordar la entrevista que Bukele dio en diciembre de 2025 al youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg. En ella, cuando se le preguntó por su salida del poder, respondió: “No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país (...) Pero si fuera por mí, yo sigo diez años más”. Ahora, tras todas las reformas, parece que el deseo de Bukele está en bandeja de plata para verse cumplido.