La nueva era migratoria: América Latina frente al desafío de las políticas de Trump 2.0

La segunda administración de Donald Trump se proyecta como un momento crucial para las políticas migratorias de Estados Unidos, con un impacto significativo en América Latina. Los cambios anunciados no solo redefinirán las dinámicas entre Estados Unidos y la región, sino que también plantean importantes desafíos para América Latina, especialmente ante el posible aumento en el número de retornados. Esto podría intensificar las necesidades de reintegración, agravar las presiones sobre los sistemas sociales y económicos, y generar una pérdida significativa en remesas, un pilar clave para muchas economías de la región. En un contexto marcado por divisiones políticas y desafíos en la gestión de la movilidad humana, estas dinámicas anuncian un nuevo capítulo de incertidumbre en la relación migratoria entre ambos lados del hemisferio.

Estados Unidos endurece su postura migratoria

La nueva administración anunció durante su campaña que el objetivo principal de estas acciones sería deportar a los más de 11.3 millones de migrantes indocumentados que actualmente residen en el país. Sin embargo, con el paso de los días tras el triunfo electoral, la atención se ha centrado particularmente en los no-ciudadanos con antecedentes penales y en los 1.5 millones de personas que ya cuentan con órdenes de deportación, planteando una meta ambiciosa de deportar a un millón de personas por año.

Estas medidas ilustran un intento de superar a las cifras de deportación de administraciones pasadas. Cabe destacar que, durante la administración de Barack Obama, quien fue apodado Deporter in Chief, se alcanzaron 2.9 millones de deportaciones en su primer mandato y 1.9 millones en el segundo, cifras que superan los totales de deportaciones de las administraciones de Trump y Biden.

Para ello, durante el primer día de su mandato, Trump anunció que firmará una serie de órdenes ejecutivas que modificarán sustancialmente las políticas migratorias. Estas medidas incluyen tanto acciones nuevas como otras que ya formaban parte de la caja de herramientas de la administración Trump 1.0.

Entre las nuevas medidas, se destaca la declaración de emergencia nacional, que permitiría redirigir recursos del Departamento de Defensa para la construcción del muro fronterizo y el uso de aviones y bases militares para albergar a los migrantes detenidos, lo que marca un enfoque sin precedentes en la gestión migratoria. También se prevé la reactivación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), el uso del Título 42 para expulsiones aceleradas y, con ello, la eliminación de “vías legales” planteadas durante la era Biden, el programa CHNV y los procesos de parole humanitario, así como vehículos para la solicitud de asilo como la aplicación CBP One.

Este nuevo enfoque buscará, además, endurecer el control migratorio mediante la expansión de la capacidad de detención y la colaboración con autoridades locales a través del programa 287(g), que permite a las policías locales trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para aplicar las leyes migratorias.

Cabe decir que el Congreso, bajo control republicano, apoya estas políticas y lo ha manifestado mediante iniciativas como el proyecto de Ley Laken Riley, que fortalecería la detención de migrantes con antecedentes penales. Por ejemplo, esta ley permite la detención prolongada de migrantes arrestados por delitos menores, lo que plantea preocupaciones sobre los derechos humanos y el impacto en comunidades con alta presencia de migrantes.

La implementación de estas medidas enfrenta obstáculos políticos, financieros y legales significativos. Uno de los principales desafíos es el desmantelamiento de más de 600 acciones ejecutivas promulgadas por la administración Biden, un proceso complejo que no puede realizarse de manera inmediata y que requerirá tiempo y recursos considerables. Además, durante su discurso inaugural, el presidente Trump anunció la ambición de Estados Unidos de conquistar Marte, un objetivo que, irónicamente, contrasta con los desafíos financieros de sus políticas migratorias. Según cálculos del senador Lindsey Graham, los costos de las deportaciones masivas podrían alcanzar los 100 mil millones de dólares, una cifra que supera con creces el presupuesto anual de organismos como la Nasa, que asciende a 24 mil millones de dólares. Esta comparación pone en evidencia las limitaciones estructurales y presupuestarias del sistema migratorio estadounidense.

Además, el sistema de pesos y contrapesos de Estados Unidos podría frenar estas iniciativas. Estados con gobiernos demócratas, como California y Nueva York, han utilizado políticas de ‘ciudades santuario’ y litigios para contrarrestar acciones federales similares en el pasado. Las cortes estatales también representan una barrera, con precedentes de bloqueos temporales a políticas migratorias bajo la administración anterior de Trump. Aunque el Tribunal Supremo tiene ahora una mayoría conservadora, las demás cortes podrían seguir actuando como un freno a las políticas.

América Latina: entre la polarización y las elecciones decisivas

Por su parte, América Latina enfrenta un panorama político polarizado, con elecciones clave en países como Colombia, Perú, Chile, Honduras, Costa Rica, Ecuador y Brasil en 2025 y 2026. Esto podría transformar a la región en un “campo de batalla” ideológico en torno a la migración, con “estados azules” alineados con visiones demócratas y “estados rojos” más cercanos a las políticas republicanas de Trump. Esta polarización amenaza con fragmentar los esfuerzos de cooperación regional, debilitando la capacidad de los países para abordar de manera colectiva los desafíos migratorios.

Para muchos países latinoamericanos, Estados Unidos sigue siendo un socio esencial, tanto como mercado comercial como fuente de remesas. En países como El Salvador, Guatemala y Honduras, las remesas representan hasta el 24 % del PIB, lo que subraya la vulnerabilidad económica frente a políticas de deportación masiva. Incluso en países como México, Colombia y Ecuador, donde las remesas tienen menor peso relativo de su PIB, estas superan exportaciones clave como el café en Colombia, destacando su importancia económica. Esto tendrá implicaciones en cómo los países decidan alinearse (o no) con las políticas de Trump, ya que algunos podrían buscar fortalecer sus vínculos diplomáticos para mitigar los impactos económicos, mientras que otros podrían optar por estrategias más independientes para proteger sus intereses nacionales.

Oportunidades estratégicas en un contexto de incertidumbre

La agenda de tránsito ha dominado en gran parte el debate migratorio en la región, particularmente en puntos críticos como el Darién. Esto ha llevado a muchos gobiernos a priorizar sus respuestas en torno al control fronterizo o la asistencia humanitaria, relegando a un segundo plano las políticas de largo plazo orientadas a la regularización e integración de migrantes. Sin embargo, existe una oportunidad significativa para reposicionar la integración y la reintegración como ejes centrales de las estrategias migratorias, siempre y cuando existan dos factores habilitantes: la reducción sostenida en los cruces irregulares y un enfoque estructural que aproveche los recursos internacionales para fortalecer la inclusión socioeconómica de los migrantes.

En primer lugar, los números de cruces en países como Colombia, Panamá, Honduras, México y la frontera con Estados Unidos han alcanzado los niveles más bajos en los últimos 5 años. Este descenso refleja un cambio significativo en las dinámicas migratorias, impulsado por la implementación de la aplicación CBP One, políticas estadounidenses que restringen el acceso al asilo para quienes ingresan de manera irregular, un refuerzo de la colaboración hemisférica donde, por ejemplo, se aumentó el control migratorio en Colombia, Panamá y México.

En segundo lugar, es importante considerar que durante Trump 1.0 se canalizaron los mayores recursos hacia las agendas de regularización e integración en América Latina. Este periodo estuvo marcado por iniciativas clave como conferencias de solidaridad, préstamos concesionales y otros apoyos bilaterales, que permitieron fortalecer significativamente estas políticas. Este precedente en la cooperación internacional ofrece lecciones valiosas que deberían aprovecharse para diseñar estrategias sostenibles que enfrenten los desafíos actuales. Una colaboración más estrecha con Estados Unidos podría incluir mecanismos que alineen los intereses de ambos países, como la prevención de migración irregular gracias al fortalecimiento de la infraestructura de integración y el desarrollo de los países.

Independientemente de lo que ocurra en Estados Unidos bajo un posible segundo mandato de Trump, América Latina debe actuar colectivamente para abordar los desafíos y oportunidades de la migración. La región debe coordinar esfuerzos para construir una agenda de integración y reintegración que priorice la colaboración entre países, aproveche recursos internacionales y fortalezca la cohesión social. Este enfoque no solo ayudará a responder de manera eficaz a las tendencias migratorias, sino que también posicionará a la región como un modelo de gestión migratoria sostenible e inclusiva.

Para Colombia, en particular, este momento representa una oportunidad única para avanzar de manera decidida en la regularización e integración de su población migrante. Mediante el fortalecimiento de sus políticas internas y la articulación con socios internacionales, el país puede convertir los retos migratorios en motores de desarrollo que beneficien tanto a los migrantes como a las comunidades receptoras. Al asumir este liderazgo, Colombia podrá consolidarse como un referente regional y contribuir a una visión compartida de estabilidad y prosperidad hemisférica.