Un tribunal del estado Monagas condenó este martes a siete de los ocho exfuncionarios policiales procesados por planear el secuestro del ministro del Interior, Diosdado Cabello, para entregarlo a Estados Unidos y cobrar una recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia estadounidense por cargos de narcotráfico.
El juicio, conocido como la “Causa 20-20”, se prolongó por más de seis años e incluyó tres intentos de juicio oral, dos de los cuales fueron declarados nulos.
El Tribunal 4 de Juicio de Monagas, a cargo de la jueza Verónica Noemí Giardinella Martorelli, dictó la sentencia en la noche del martes en el Palacio de Justicia de Maturín. Las penas fueron diferenciadas según el grado de participación de cada acusado.
Francisco José Marcano, Enrique Naurix Parada, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, César Horacio Belfort y Víctor José Farías Quijada fueron declarados culpables de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en la modalidad de comercialización, asociación para delinquir y organización de cuerpos armados, y condenados a 26 años, ocho meses, siete días y 12 horas de prisión.
Los cinco fueron absueltos del delito de traición a la patria. José Ramón Cruz Marcano y Carlos Alejandro Pérez Farías recibieron condenas de ocho años, dos meses, siete días y 12 horas por asociación para delinquir y organización de cuerpos armados.
Según la fiscalía, el caso se inició a partir de un mensaje de WhatsApp recibido por Villarroel Cañas entre el 28 y 29 de marzo de 2020: “Luis ya tengo el personal estratégico y el armamento para atrapar a Dios; solo falta confirmar dónde resguardarlo hasta la entrega…”.
El fiscal precisó que a partir de ese mensaje se inició la investigación sobre “un ataque terrorista que tenía como fin capturar vivo o muerto al mencionado dirigente político con el fin de hacer efectiva la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.
Los acusados fueron detenidos de forma arbitraria entre marzo y abril de 2020 en las poblaciones de Maturín y El Furrial, estado Monagas, región de donde es oriundo Diosdado Cabello.
Tras conocerse el fallo, madres y esposas de los condenados se apostaron a las afueras del Palacio de Justicia de Maturín y anunciaron una huelga de hambre para exigir la revisión de una sentencia que calificaron de “montaje”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos elevó la recompensa de 10 millones a 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Cabello, a quien acusa de narcotráfico y es uno de los únicos altos funcionarios del gobierno de Maduro que permanece en su cargo bajo la administración de Delcy Rodríguez.