Cárcel a “los fascistas” y cadena perpetua a la “traición a la patria”: el chavismo gobernante impulsa un arsenal jurídico con el que promete combatir “conspiraciones” de sus rivales, mientras expertos alertan que en realidad busca “neutralizar” cualquier clase de crítica.
El presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato en las elecciones presidenciales del 28 de julio, propone reformar la Constitución e instaurar la prisión de por vida para “corruptos y traidores a la patria”, en un país donde la pena máxima es de 30 años. Se debaten a la vez en el Parlamento –controlado por el chavismo– dos proyectos que han despertado alarma entre abogados y activistas de derechos humanos.
Uno, una ley contra el fascismo, término que Maduro suele usar para descalificar a sus opositores, que contempla penas de cárcel de hasta 12 años. Otro, una legislación que plantea regular el financiamiento de las oenegés, blanco frecuente de ataques desde el poder.
“Son tres propuestas que tienen un efecto intimidatorio en un contexto electoral”, dice a la AFP el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels. “El gobierno está en una campaña de miedo para que el miedo sea el que prive a la hora de votar”.
A poco menos de tres meses de las elecciones, la oposición denuncia una campaña de acoso con el arresto de una decena de militantes y colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para enfrentar a Maduro, así como activistas de derechos humanos, como la experta en temas militares Rocío San Miguel. El Gobierno asegura que ha desmontado múltiples conspiraciones para derrocar e incluso asesinar al mandatario.
Maduro propuso la cadena perpetua después de que su exministro de Petróleo Tareck El Aissami y otras decenas de funcionarios fueran arrestados por un desfalco estimado en 17.000 millones de dólares en la estatal PDVSA. Ello pasa por una reforma constitucional, que debe ir al Parlamento y después ser aprobada en referendo.
“¡Que esa gente se pudra de por vida en la cárcel!”, exclamó el presidente el 13 de abril. El cargo de traición a la patria suele imputarse a opositores, igual que “delitos de odio” contemplados en una ley de 2017 que fija penas de hasta 20 años de prisión. “Casi todos los presos políticos están acusados de este delito”, destaca el sociólogo Rafael Uzcátegui, de la ONG Laboratorio de Paz. “Es un contexto muy amplio”.
“Abiertamente fascista”
La Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares fue propuesta a pedido de Maduro. Aprobado en primera discusión en el Parlamento, el texto fue redactado “en atención de lo que han sido los últimos 25 años de Venezuela, donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos de un tilde francamente y abiertamente fascista”, dijo su promotora, la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El proyecto, que puede cambiar en una segunda discusión parlamentaria para ser sancionado, castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan “apología al fascismo”. También plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que “incite al fascismo”.
Pero “prácticamente cualquier cosa es fascismo” para el gobierno, cuestiona Daniels. “Es un concepto vago”. Rodríguez, por ejemplo, comparó un eslogan de campaña de Machado, “Hasta el final”, con la “Solución final” de Hitler.
“Restrictivo”
La ley para regular las oenegés espera por segunda discusión desde enero de 2023. Su contenido fue modificado luego de que su promotor, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, acusara a 60 organizaciones de maniobras de “desestabilización”. Según el proyecto, las organizaciones deben inscribirse en un registro local y declarar vías de financiamiento, normalmente extranjero.
El incumplimiento también implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares. Si bien en la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia, una misión independiente de la ONU señaló que esta ley está claramente orientada a limitar el derecho a la asociación. “Es un paquete absolutamente restrictivo”, sostuvo Óscar Murillo, director de la ONG Provea.
*Con información de AFP.