Hace más de un año que Pedro Castillo llegó al poder en Perú, pero desde entonces, más allá de sus graves crisis políticas e institucionales, pesan sobre el mandatario escándalos de corrupción en los que lo acusan a él, a su familia y a varios funcionarios del Gobierno. El presidente habría liderado una empresa criminal para la adjudicación irregular de contratos, y ahora los ojos de la justicia están sobre su esposa, Lilia Paredes.
Concretamente, a la primera dama se la señala de ser quien facilitaba y coordinaba la organización criminal encabezada por el presidente Castillo, junto con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, para estafar al Estado. Esto, a través de licitaciones y contratos fraudulentos que a su vez enriquecían a terceros allegados al Gobierno.
La Fiscalía de Perú acusa a Paredes de controlar el ingreso al Palacio de Gobierno de los empresarios cuyas compañías recibían millonarios contratos con el Estado tras sus reuniones clandestinas con el presidente Castillo. Los cargos específicos que enfrenta la primera dama son los de conformación de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
Lilia Paredes había conservado un bajo perfil lleno de discreción y sencillez durante toda la campaña presidencial y luego durante el mandato de su esposo. Posteriormente, la opinión pública conoció que tenía una gran influencia en los nombramientos de funcionarios y colaboradores de la administración, como secretarios y asesores.
Ahora está en el ojo del huracán como cómplice y mano derecha de un entramado de corrupción diseñado por el Gobierno para enriquecer al presidente y a empresarios amigos. En estos momentos, el Ministerio Público pidió formalmente que se autorice que la primera dama no pueda salir del país para evitar una fuga.
“Con esta investigación, la idea que queda en un sector de la opinión pública es que ella accedió al poder con su esposo para beneficiar a su familia: su hermana menor, a quien la pareja presidencial crio como a una hija, está presa y podría pasar tres años en prisión preventiva, y sus otros dos hermanos están investigados por el mismo caso”, cuenta Clara Elvira Ospina, periodista colombiana radicada en Perú.
La imagen del Gobierno y de la familia presidencial está totalmente mancillada, sobre todo con los escándalos que a diario los sacuden. Por ejemplo, hace un par de días, la Fiscalía peruana encontró más de 6.000 soles (unos 6,8 millones de pesos colombianos) en la habitación de Arnold Castillo, el joven hijo de la pareja presidencial.
“La imagen de Castillo es mala, pero, a pesar de los escándalos, en las últimas semanas ha ido en aumento (se encuentra en 25 por ciento de aprobación y alcanzó a estar en 17 por ciento) porque hay un sector del país que coincide con el presidente en que lo que se ha revelado es producto de un plan de la oposición. En general, lo que hay es un gran hartazgo de los ciudadanos con esta crisis, que no parece acabar nunca”, relata Ospina.
Por ahora, no se ve cerca el fin de la saga de acusaciones contra el Gobierno de Castillo. El Congreso ha fallado ya en dos ocasiones en intentar destituirlo, y no hay una figura en el país que parezca dispuesta a asumir el cargo de presidente en caso de que se adelanten elecciones, ya que, en general, toda la clase política vive una crisis de confianza.
La Justicia, por su parte, sigue investigando los vínculos del presidente peruano como cabeza de la corrupta organización criminal que habría montado.
Mientras esto pasa, el deslegitimado líder de izquierda intenta lograr estabilidad en un mandato que luce sin rumbo alguno. Esta semana, la administración Castillo estrenó tres nuevos ministros, sumando más de 50 cambios desde que llegó al poder. Los nuevos funcionarios no serían los últimos de un Gobierno que se acostumbró a caminar al borde del abismo.